El 13 de abril estaba prevista la celebración en el Parlament de Cataluña de una sesión plenaria de investidura del diputado de Junts per Catalunya (JxC), Jordi Sànchez, que permanece en prisión preventiva por rebelión. Sin embargo, el juez del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llarena, volvió a cerrar la puerta a la investidura de un candidato en prisión para evitar un mandato orientado al quebranto del orden constitucional.
Esto provocó la reacción de los partidos secesionistas y el presidente del Parlament, Roger Torrent, suspendió el pleno de investidura ante la ausencia de candidato. Es la cuarta vez que sucede en esta legislatura: el 30 de enero con Carles Puigdemont como presidenciable, el 12 de marzo en la primera tentativa de Sànchez y el día 24 de ese mismo mes cuando Jordi Turull no pudo someterse a la segunda sesión de investidura tras ser encarcelado.
Pero además, Roger Torrent anunció que el Parlament se querellará contra el magistrado del Supremo por prevaricación por impedir la investidura de los tres candidatos propuestos hasta ahora, según decidió la Mesa de la Cámara a petición del propio Torrent, con los votos de la mayoría independentista y con el criterio en contra de los letrados del Parlament.
Mientras, los independentistas avanzan de manera urgente en la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat para que contemple la elección a distancia de un candidato, con lo que podría aprobarse en semanas y entrar en vigor antes de que el 22 de mayo expire el plazo para investir a un aspirante. También con la negativa de los letrados de la Cámara, que advirtieron a Torrent de que sería inconstitucional usar esa reforma legal para sortear el veto del Alto Tribunal.
Por otro lado, un grupo de fiscales españoles entregaron a homólogos alemanes pruebas de la violencia registrada en relación con la consulta secesionista ilegal del 1 de octubre de 2017. Además, el Tribunal Supremo respaldó la imputación de Llarena por rebelión, acusó al tribunal alemán que liberó al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, de falta de rigor y señaló que la violencia del 1-O fue del Gobierno catalán, no de una muchedumbre.
Mientras tanto, Llarena citó a los exconsellers Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn y Dolors Bassa, a los líderes de las entidades soberanistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y a la expresidenta del Parlament, Carme Rovira, para comunicarles su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos. Y la Audiencia Nacional, al exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, por sedición y organización criminal.
Finalmente, el exconseller Antoni Comín, que se encuentra huido de la Justicia en Bélgica, ha solicitado a la Mesa del Parlament que le permita delegar su voto, lo que facilitaría una investidura. Si se acepta, como ya ocurrió en el caso del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, JxCat y ERC ya tendrán suficientes votos para investir a un nuevo president sin necesitar el apoyo de la CUP.
