El resultado de las elecciones generales del pasado 23 de julio dejó un panorama difícil para la gobernabilidad del país que se complicó todavía más tras el voto de los residentes en el extranjero. En un primer momento, el líder de los populares defendió su derecho a gobernar por ser la fuerza más votada y a comenzar las negociaciones para alcanzar un pacto que lo permita sin que haya bloqueos por parte del resto de formaciones. Alberto Núñez Feijó se dirigió en especial al PSOE y a su candidato, Pedro Sánchez, en ese sentido.
Sin embargo, se daba por supuesto que el PP solo reuniría los 33 apoyos de Vox, el de Unión del Pueblo Navarro (UPN), el de Coalición Canaria (CC) y que aspiraba a tener los 5 del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que le garantizaban los 176 diputados de la mayoría absoluta. El PNV, que se ha negado en todo momento a apoyar cualquier fórmula de gobernabilidad que cuente con Vox, rápidamente contestó que con ellos no contaran “ni para iniciar conversaciones de cara a facilitar su investidura”. Por su parte, CC aseguró que no apoyarán un gobierno en el que que estén Vox o Sumar.
A Pedro Sánchez y el PSOE le bastaba entonces con lograr el respaldo de Sumar y sus socios de legislatura habituales hasta ahora -ERC, Bildu y el PNV- más el diputado del BNG para alcanzar los 172 que superaran los 171 de PP, Vox, UPN y CC si se diera el caso. Siempre y cuando los parlamentarios de Junts garantizaran su abstención para que Sánchez siguiera como presidente del Gobierno.
Sin embargo, el escaño a mayores del PP en detrimento del PSOE gracias a los madrileños residentes en el extranjero supone que, para ser investido presidente, el líder socialista necesitará el sí de Junts o al menos el de 2 de los 7 diputados con los que el partido del expresident de la Generalitat de Cataluña fugado de la Justicia española, Carles Puigdemont, cuenta en el Congreso y la abstención de los otros 5. Ahora el bloque de derecha con CC llegaría a los 172 escaños y el del Gobierno actual de coalición y sus socios de legislatura con el BNG a 171, por lo que Junts tiene la llave para hacer presidente a Pedro Sánchez. Aún en ese caso, Sánchez debería obtener el voto favorable de los seis partidos que le apoyarían en la investidura para aprobar todas las leyes que quiera ese Gobierno, incluidos los Presupuestos Generales del Estado o la convalidación de los decretos-leyes. Que la mayoría absoluta del PP en el Senado podría bloquear.
Tras el escrutinio del voto exterior, Feijóo -”como ganador de las elecciones generales”- envió una carta a Sánchez para solicitarle una reunión urgente y acabar con el “bloqueo” y la “ingobernabilidad”. El líder del PP instó al del PSOE a no presentar oposición a su candidatura ya que “siempre se ha reconocido que la fuerza política ganadora en las elecciones generales es la que debe gobernar”.
Sánchez le respondió con otra misiva en la que rechaza reunirse con él antes del 17 de agosto, fecha en la que se constituirá el Congreso de los Diputados, tras ser designado un candidato por el jefe del Estado, el Rey Felipe VI. Además le explicó que “existe una gran mayoría social para seguir avanzando”, en referencia a que considera un respaldo a su labor de Gobierno el resultado de las urnas, dejando entrever que buscará los apoyos para gobernar. De hecho, el PSOE y Sumar se han puesto manos a la obra, solicitando discreción, para obtener una mayoría suficiente.
El coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, deslizó que si “hace falta votar a favor”, lo harán. “No ponemos precio ni líneas rojas en público e intentaremos evitar una repetición electoral”, aunque señaló que se debe “empezar a hablar del problema nacional, del problema de la vertebración territorial y de las naciones sin estado, con absoluta normalidad y serenidad”.
El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, descartó en la campaña electoral que Pedro Sánchez fuera a ser investido con el apoyo de su formación y llegó a calificar al candidato socialista como “mentiroso” e “incumplidor”. Sin embargo, JxCat ahora no descarta negociar a cambio de la amnistía -a unos 4.000 encausados por el proceso soberanista del 1-O de 2017- y la autodeterminación de Cataluña.
El partido de Oriol Junqueras (ERC), que consultará a sus bases la investidura de Sánchez, puso entre sus condiciones el mantenimiento de la mesa de diálogo para negociar un referéndum.
Por tanto, la legislatura queda en manos de los independentistas y nacionalistas catalanes y vascos. Y no se descarta una repetición de las elecciones en los próximos meses si no se resuelve este complicada situación para lograr la gobernabilidad del país.
