Los cuatro representantes de PSOE, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Coalición Canaria que acudieron al II Pleno del VII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior la tarde del pasado 26 de junio coincidieron en que existen las condiciones políticas para cambiar la normativa electoral y derogar el voto rogado.
La diputada socialista y responsable de los temas de Emigración del partido, Pilar Cancela, afirmó que “creo que en este momento sí se dan las circunstancias porque al menos hay una confluencia mayoritaria de voluntad política para poder hacerlo” y añadió que “así lo ha manifestado también el Gobierno de la nación”.
De todos modos, Cancela fue bastante cauta y advirtió a los consejeros que reformar la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) exige una mayoría cualificada que tal y como está la división de fuerzas en el Congreso es complicado conseguir. “Han existido demandas y planteamientos que no se han resulto. Veremos cómo somos capaces de hacerlo”.
Si expresó su convencimiento de que el CGCEE será escuchado en la subcomisión para la reforma de la Loreg del Congreso, una petición que realizó directamente el presidente del Consejo, Eduardo Dizy, a todos los representantes políticos.
La senadora de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Sara Vilà, expresó los ambiciosos objetivos a los que aspira su formación política en materia de voto. “El primer paso es la derogación del voto rogado, algo en lo que parece que estamos todos de acuerdo y esperamos que sí se apruebe en la subcomisión”, señaló. Pero su intención no es solo esa. “También queremos que se discuta la creación de una circunscripción en el exterior y en eso no estamos de acuerdo. Sabemos lo difícil que es y que requiere una reforma de la Constitución”, algo imposible tal y como está de dividido el Congreso, según afirmó la senadora.
Además, destacó que también hay que solucionar problemas preexistentes al voto rogado como la depuración del CERA, la ampliación de plazos de envío de la documentación y escrutinio de los votos o mejoras en la trazabilidad de los sufragios.
Eso si, reiteró su postura contraria al voto electrónico, pero a favor de la utilización de medios telemáticos en otras partes del proceso.
El diputado de Ciudadanos, José Cano, fue muy claro en sus planteamientos: “Creemos que todos los ciudadanos son iguales. Por eso también queremos reformar y hemos promocionado la reforma de la Loreg, para que todos los ciudadanos voten e intentemos que tenga el mismo valor un voto de un sitio o de otro”.
Ana Oramas, de Coalición Canaria, recordó que ellos -junto al entonces grupo de Izquierda Unida- fueron los únicos que se opusieron a la reforma electoral de 2010 y defendió que los ciudadanos en el exterior puedan votar en las mismas condiciones -con urnas y mesas electorales- que los que residen en España.
Tanto Oramas como Cano mostraron sus reservas respecto a la circunscripción exterior. La diputada canaria fue muy clara: “No se dejen engañar. Como se vaya a una circunscripción al exterior no va a haber eliminación del voto rogado”. Se refería a que esta medida requeriría una modificación de la Constitución, algo que es tremendamente complicado.
En el mismo sentido se expresó el diputado de Ciudadanos que consideró que hay que facilitar el voto a lso emigrantes debe hacerse “de la forma más rápida posible” y que si hay que esperar a la reforma de la Constitución “va a resultar muchísimo más complejo”.
Nacionalidad
En cuanto al acceso a la nacionalidad, la senadora de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Sara Vilà, explicó el importante paso que se había dado con la toma en consideración en el Senado de su proposición de ley por la que se pretenden corregir las lagunas dejadas por la Ley de Memoria Histórica.
La iniciativa pretender dar una solución a los cuatro supuestos que se han quedado si ponder acceder a la ciudadanía española: los descendientes de mujeres que no pudieron transmitir la nacionalidad antes de 1978 por discriminación de género; los emigrantes económicos que no se incluyeron en la categoría de exiliados políticos; los hijos mayores de edad de quienes accedieron a la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica; y aquellas personas que perdieron la nacionalidad porque al llegar a la mayoría de edad no hicieron una declaración expresa de querer mantenerla ante la oficina consular correspondiente.
La senadora Vilà se mostró convencida de que esta iniciativa saldrá adelante puesto que contó con el apoyo unánime de todos los grupos en el Senado. Ahora iniciará una tramitación compleja pero también los demás representantes políticos se mostraron a favor de la inciativa.
De hecho, la diputada socialista Pilar Cancela afirmó que “en el próximo periodo de sesiones, a partir de septiembre, estoy convencida de que no vamos a tener ningún problema para que ese deseo se convierta en una realidad. El paso dado en el Senado lo constata porque ha sido unánime, por lo tanto, se acabaron las disculpas y lo que queda ahora es pasar a la acción política y resolver esa situación”.
Venezuela
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, insistió en su intervención en que hay que prestar una especial atención a la situación de los emigrantes españoles en Venezuela.
En concreto reclamó al Gobierno que dé una solución a los retornados que siguen sin cobrar la pensión de Venezuela a la que tienen derecho; que se facilite la salida del país y el acceso a la nacionalidad a quienes están viviendo una situación de riesgo para su vida; que se atienda a los venezolanos residentes en España a los que su gobierno no es renueva la documentación y se quedan en un limbo jurídico
Retorno
Por su parte, Pilar Cancela destacó el anuncio realizado por el Gobierno para recuperar la universalización del acceso a la sanidad pública, que solucionará, dijo, los impedimentos que tenían quienes estaban fuera de España más de 90 días y los retornados.
También se refirió a dos asuntos que afectan a los retornados y que hay que solucionar: el acoso por parte de la Agencia Tributaria a los pensionistas retornados y en concreto la situación de quienes perciben una prestación por incapacidad absoluta o por gran discapacidad del extranjero, a quienes no se les reconoce en España y están obligados a tributar por ella.
Ana Oramas pidió que se agilizase la homologación de títulos académicos, que se pusiese en marcha un programa de becas a nivel estatal para que descendientes de emigrantes puedan venir a estudiar a España y una mayor atención a la nueva emigración.
