Los servicios jurídicos del Congreso han puesto en duda la iniciativa de Sumar para modificar la conocida como ‘ley de nietos’ a través de una enmienda al proyecto de reforma educativa. A su juicio, la propuesta para garantizar el derecho de voto de las personas nacionalizadas no guarda la necesaria “congruencia” con la materia de la ley que se pretende enmendar. No obstante, precisan que corresponde a la Mesa de la Comisión de Educación decidir si admite o no a trámite esta denominada ‘enmienda intrusa’, un órgano en el que PSOE y Sumar cuentan con mayoría.
La conclusión figura en el informe elaborado por los letrados de la Cámara tras examinar las enmiendas registradas al proyecto que modifica la Ley de Educación de 2006 y la Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito universitario.
Sumar registró hace dos semanas una enmienda a este proyecto para modificar la Ley de Memoria Democrática y asegurar el sufragio de quienes obtuvieron la nacionalidad al amparo de su disposición adicional, conocida como ‘ley de nietos’. La iniciativa llegó después de que el Tribunal Supremo suspendiera cautelarmente el derecho de voto de esos beneficiarios, excepto cuando acreditasen ser descendientes de exiliados de la Guerra Civil y la dictadura.
El 21 de septiembre, Vox solicitó a la Mesa de la Comisión de Educación que rechazara la enmienda por “exceder de modo manifiesto el objeto de la iniciativa original, hasta el punto de constituir una iniciativa legislativa distinta”. El PP también se ha mostrado favorable a impedir su tramitación.
Registrada sin justificación
En el informe, según publican varios medios, los letrados señalan que la enmienda se presentó sin justificación y que su contenido “resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar”. Añaden que “no existe […] el mínimo punto de conexión material” que permita cuestionar la falta de homogeneidad entre ambas iniciativas.
Aunque el Reglamento del Congreso “no contiene reglas que limiten el contenido de las enmiendas”, el informe recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional exige que las modificaciones al articulado sean coherentes con el objeto y la finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente.
Posible vulneración de un derecho constitucional
Los servicios jurídicos advierten de que ignorar esa exigencia de congruencia podría vulnerar el derecho recogido en el artículo 23 de la Constitución, relativo a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo.
Por ello, consideran que la Mesa de la Comisión de Educación debe “ponderar y valorar” esta circunstancia antes de resolver sobre la admisión a trámite de la propuesta de Sumar. La Mesa, en la que los partidos del Gobierno –PSOE y Sumar– tienen mayoría, se reúne este miércoles para adoptar una decisión.
El informe, que no es vinculante, identifica además otras trece enmiendas cuyo contenido podría rebasar la regulación prevista en el proyecto. En estos casos, sin embargo, los letrados aprecian al menos algún vínculo con el objeto y la finalidad de la norma, ya que todas se refieren al ámbito educativo. Son seis enmiendas más de Sumar, tres de Podemos y una de cada uno de los siguientes grupos: PSOE, PP, Junts y Unión del Pueblo Navarro (UPN).
