El Consejo de Ministros aprobó el pasado 22 de junio el indulto -recurrido ante la Justicia por PP, Vox y Ciudadanos- a los nueve condenados en el juicio del procés que estaban en prisión y éstos salieron de la cárcel al día siguiente.
Son dirigentes políticos condenados por sedición, malversación y desobediencia en el marco del proceso independentista llevado a cabo especialmente en los meses de septiembre y octubre de 2017, cuando celebraron un referéndum ilegal y llegaron incluso a proclamar durante unos segundos una república catalana independiente. Sin embargo, esta medida de gracia no calmó a los soberanistas que desde la puerta de la prisión se reafirmaron en su idea y exigieron un referéndum ya. Incluso el president de la Generalitat, Pere Aragonès, aseguró que salían a la calle “con la voluntad reforzada de construir la república catalana”.
Mientras el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sigue apelando a los beneficios del perdón y de la concordia, los representantes de la Generalitat se desmarcaron de dos visitas del Rey a Barcelona, evitando participar en el recibimiento oficial, aunque sí lo hicieron con honores con los indultados en la sede del Ejecutivo.
Sánchez y Aragonès se reunieron el 29 de junio en Madrid y el titular de la Generalitat aseguró que habían hablado de autodeterminación y amnistía para los protagonistas del proceso soberanista, alardeando incluso de que el jefe del Ejecutivo central aceptará una solución votada, mientras que los portavoces de Moncloa dijeron que habían abordado inversiones y un foro para catalanes.
La mesa de diálogo entre ambos gobiernos quedó aplazada hasta mediados del mes de septiembre. Al día siguiente, Sánchez prometió en el Congreso de los Diputados que no habrá referéndum y ni sus socios de legislatura ni la oposición le creyeron. De hecho, el Gobierno dejó la puerta abierta, posteriormente, a un “referéndum consultivo”, según publicaron varios medios, que incluya “un traje a medida” para votar sobre autogobierno y financiación pero no sobre autodeterminación.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas acusa a cerca de 40 ex altos cargos de gastos ilegales y saqueo por valor de 5,42 millones de euros en la red exterior de la Generalitat. El Gobierno retiró del caso a la Abogacía del Estado.
