Con la Ley en la mano

Los impuestos que nos imponen

Por Ricardo Martínez Barros

Ricardo Martínez Barros.

“Los tributos deben contemplar el total de los ingresos, porque no es justo que el ciudadano que gana 100 rupias pague el 10%, y que pague también ese porcentaje quien gana 1.000 e incluso diez veces mil…”. Son palabras del sabio indio Manu, pronunciadas hace más de 3.000 años y con vigencia actual

El tributar por tener tierras, dinero, caballos o simplemente por pasar por un puente (portazgo) o practicar una religión (diezmo) es o era una obligación que venía impuesta por las normas de la época. La historia de los impuestos se pierde en los albores de la humanidad. Y la variedad de las cargas tributarias que grava los esfuerzos del contribuyente alcanza situaciones tan curiosas como la que se dio en la Francia de la Edad Media en la que el pueblo en donde se ejecutaba al reo tenía que pagar al verdugo media docena de panes, dos botellas de vino y una cabeza de cerdo, además de proporcionarle la soga. A cambio el pueblo podía quedarse con la soga, trocearla y venderla como amuleto que daba buena suerte.

Estos días en nuestro país andamos a vueltas con los presupuestos que, como una plaga, invaden los escaños del Congreso, las butacas de los parlamentos autonómicos y las sillas de las salas de plenos de los ayuntamientos. Pero esta plaga de los presupuestos no se limita a los espacios cerrados, sino que arrasa las cuentas y las casas de los más débiles, de los que no están “vacunados” contra la voracidad de unos sistemas impositivos que se acobardan ante los paraísos fiscales y subvencionan a los zánganos que se disfrazan de representantes del sentir popular.

El pasado día 26 de octubre el Tribunal Constitucional (TC) anulaba determinados artículos de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales relativos al método empleado para el cálculo de la base imponible de la plusvalía municipal. Argumenta el TC, quizás siguiendo el consejo del sabio indio, “…que se debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto tributario, de manera que los que tienen una menor capacidad económica no deben soportar una carga superior a los que sí la tienen”. ‘Casus belli’. Antes de que el gallo cantase tres veces, el Gobierno se apresuró a modificar la ley, de manera que nadie, o casi nadie, se escapase de seguir tributando por este impuesto. Lo sorprendente de todo esto es que un Tribunal que fue creado hace más de 40 años haya tardado tanto tiempo en advertir ese afán confiscador que pulula en casi todas nuestras normas tributarias. Será porque los miembros de ese Tribunal también se amamantan de esas recaudaciones que ahora mismo alcanzan sesgos confiscatorios, algo prohibido por los textos constitucionales. Pero mientras los instagrammers y los youtubers sigan alimentando la curiosidad popular y el volcán de Cumbre Vieja siga arrojando su lava y encabezando nuestros telediarios nada hará cambiar la inercia del sufrimiento que se impone a los que sustentamos los impuestos confiscatorios.

(*) Fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.

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