El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado 30 de agosto el Proyecto de Ley de medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la brecha salarial de género en Castilla y León. Se trata de un proyecto de ley cuyo texto fue acordado entre la Junta de Castilla y León y los agentes económicos y sociales de la Comunidad, fue puesto a disposición de los ciudadanos en Gobierno Abierto y de los distintos consejos consultivos de la Comunidad para ser aprobado por la Junta como paso previo a su remisión a las Cortes de Castilla y León para su tramitación parlamentaria.
El Gobierno de Castilla y León se convierte en el primero en España en aprobar una norma de estas características con la que se pretende crear un nuevo pilar del estado del bienestar en la Comunidad. La Ley quiere reforzar la conciliación de las personas y las familias, la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y la eliminación de la brecha salarial de género, impulsando un conjunto integrado de medidas adaptadas a las necesidades reales que demanda la sociedad y las personas trabajadoras para hacer efectivos dichos objetivos, teniendo en cuenta especialmente el ámbito rural. El texto prevé 86 acciones, 51 de ellas de conciliación, 23 dirigidas a la eliminación de la brecha salarial de género y otras 12 de carácter transversal o general y el coste estimado derivado de la implantación de la ley es de 121,5 millones de euros al año.
Participación ciudadana
Una semana después, la Junta aprobó el Proyecto de Ley del Diálogo Civil, que responde a un compromiso de investidura del presidente Herrera y tiene un triple objetivo: reforzar la participación de la sociedad civil en el ejercicio de las competencias de la Comunidad mediante el diálogo civil, regular las iniciativas ciudadanas relativas a dichas competencias y establecer el régimen jurídico de las consultas populares no referendarias.
Las dos primeras son totalmente nuevas y la tercera se recogía en el Estatuto de Castilla y León y ahora se desarrolla. El ámbito de aplicación se circunscribe al Gobierno y a la Administración de la Comunidad.
Con este proyecto de ley, la Junta persigue un triple propósito: paliar la desafección hacia las instituciones de una parte de la ciudadanía, dar a la sociedad civil el protagonismo que reclama y aprovechar el enorme caudal de ideas, experiencias y conocimientos que la sociedad atesora.
