El pasado día 20 de octubre se publicaba en el BOE la LEY 20/2022, de 19 de octubre, con entrada en vigor el día 21 del mismo mes, denominada LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA, y a la espera –en el momento de escribir este artículo– de la publicación y entrada en vigor del Reglamento que la desarrolle, que espero no se le encomiende al espíritu chulesco del Conde de Romanones (“…haga Vd. las Leyes que yo haré el Reglamento…”).
Reviso con atención la Exposición de Motivos de la tan celebrada ley y reparo en la lectura del “tercer párrafo”:
“…Para ello, las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil, incentivar la participación ciudadana y la reflexión social y reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante …”.
Y leo distintas opiniones favorables y desfavorables al texto. Y, entre estas últimas, la que pronuncia el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Cedeu). Repaso el resultado electoral de los últimos comicios y recuerdo la cifra de emigrantes españoles en el extranjero, obteniendo estas cifras: Votos a favor del PSOE-PODEMOS-ERC Y MÁS PAÍS: 11.295.000 (reflejo solo los principales votados) y votos a favor de PP-VOX-CS: 10.286.000 (cifras aproximadas), con una representación parlamentaria de 158 y 153 diputados, respectivamente. Pero la sociedad civil también son los que no han votado y los que, queriendo, no se les ha facilitado el voto, como a los emigrantes que además de pagar sus impuestos tienen derecho a que se les oiga. La suma de los que no han votado y de los emigrantes alcanza más de 10.500.000.
“…las políticas públicas de memoria democrática deben recoger y canalizar las aspiraciones de la sociedad civil…”. Es un mantra que se repite, repite y repite. Y por eso mi pregunta, a la hora de revisar el texto de la Ley de Memoria Democrática, es: ¿Se tuvieron en cuenta las aspiraciones y necesidades de los emigrantes a la hora de redactar esta ley que ha de ser una ley de los españoles…de todos? ¿Acaso en una sociedad tan dividida como la nuestra, entre unos que progresan (“progresistas”) y otros que pretenden progresar (“aspirantes”) se puede elaborar una ley al dictado de una mitad frente a la otra mitad y menospreciando o silenciando a los que ejercen su derecho a abstenerse y a los que se les impide votar?
¿Acaso un sistema político que solo atiende a la cuarta parte de su electorado se puede llamar democrático? ¿Qué es la democracia? Posiblemente esta ley almacene mucha memoria y forme parte de la historia, pero mis dudas se debaten sobre si realmente es democrática y recoge el sentir popular mayoritario, principio básico de la democracia. ¿O no?
Ricardo Martínez Barros es el fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.
