Las políticas de vivienda y la preocupación por el estado de los embalses y las cuencas hidrográficas, que pronostican sequía y alto riesgo de incendios en la temporada de verano agravado por las altas temperaturas en gran parte de España durante las últimas semanas, centraron los primeros mensajes y enfrentamientos de la precampaña electoral de las autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, anunció en un mitin la utilización de 50.000 inmuebles de la Sareb -antes conocido como el banco malo- como viviendas de uso público, aunque los medios publicaron que un tercio de ellas están okupadas de manera ilegal, otro tanto en construcción o con necesidad de ser reformadas, y las habitables están situadas en zonas de baja demanda y en malas condiciones.
Posteriormente, Sánchez añadió otras 43.000 viviendas más durante la sesión de control al Gobierno, que se suponía que trataba sobre la guerra en Ucrania y la política de Marruecos. La oposición criticó estas promesas como irreales y denunciaron que el Gobierno no ha construido ni una sola vivienda pública durante el mandato de Sánchez. Además, el PSOE pactó una nueva Ley de Vivienda con ERC y Bildu, pendiete de su debate en el Congreso, que incluye un tope al alquiler del 3% en 2024 y un nuevo índice desde 2025.
Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió a impulsar y aprobar un pacto nacional del agua para “poner agua donde no hay”. Y respaldó la propuesta del Parlamento de Andalucía de regular las zonas de regadíos en el norte de la Corona Forestal del Parque de Doñana (Huelva).
A esto repondió Sánchez pidiendo tomarse en serio la emergencia climática y, ante la acuciante seguía, abogó por recuperar los acuíferos y ríos, apostar por la desalación y la reutilización del agua y mejorar su administración.
