En más de una ocasión, en el ejercicio de mi profesión, comprobé que era común entre algunos clientes, favorecidos con un testamento, el considerarse titulares de los bienes del testador sin esperar al fallecimiento de éste.
El acto de otorgar testamento casi iba al unísono con la liturgia del Sacramento de la Extremaunción. Pero la baja religiosidad de nuestra sociedad, los cambios en los comportamientos del ser humano y el alargamiento de la esperanza de vida trunca las expectativas del heredero que, cuando ya recibe su herencia, está más para dar que para recibir. De ahí que hayan proliferado las figuras de las donaciones, ventas ficticias, permutas… a fin de que el heredero o legatario reciban en vida del benefactor lo que les iba a dejar después del fallecimiento.
El legislador, que siempre ha de estar atento a los movimientos y tendencias sociales, regula lo que se denomina las HERENCIAS EN VIDA. De manera que el heredero, partícipe en la mayoría de los casos en la obtención de un determinado patrimonio familiar, justo es que reciba en vida del testador lo que más tarde iba a recibir “mortis causa”.
Y ese patrimonio, producto del esfuerzo familiar, a veces del trabajo y ahorro de varias generaciones, y que ha sufrido, a lo largo de su permanencia, distintas cargas impositivos, ahora quiere someterse, ya se está sometiendo, a un recorte más, que se solapa bajo el eufemismo de “Ley antifraude fiscal”, texto que ya ha sido aprobado por el Congreso de los Diputados y cuyo fin no es otro que eliminar los beneficios fiscales que suponen los pactos sucesorios en el IRPF.
¿Acaso las herencias en vida, los pactos sucesorios entre descendientes, ascendientes o cónyuges, suponen un fraude fiscal? Pues parece ser que sí. Sin embargo, la mirada se desvanece cuando apuntamos a paraísos fiscales que amparan nauseabundos negocios y actividades que esquivan la tributación.
No busquen el fraude fiscal en las “herencias en vida”, búsquenlo en determinados grandes y medianos empresarios que aprovechan las ayudas fiscales para crear falsos puestos de trabajo, o en esos ficticios incapacitados o jubilados que hacen horas extras que no cotizan o en esos “afortunados” que obtienen importantes subvenciones para obras y actividades que se esfuman bajo trabajadas “ingenierías” contables.
Poco se puede hacer para evitar estos “abusos de poder” o desviación del Estado del Bienestar. Pero, al menos, digámoslo y vayamos creando una conciencia que permita educar a generaciones venideras que, llamadas a gobernar, tengan la sensibilidad que requiere un mundo más justo y equitativo.
Ricardo Martínez Barros es el fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.
