El pasado 14 de abril se constituyó la XII Legislatura de las Cortes de Castilla y León, tras las elecciones celebradas el pasado 15 de marzo. Conforme a lo previsto en el Reglamento de la Cámara, resultó elegido en primera votación y por mayoría absoluta presidente de las Cortes el procurador segoviano del Partido Popular (PP), Francisco Javier Vázquez Requero, que en las dos últimas legislaturas ya había desempeñado el cargo de vicepresidente Primero.
A continuación, fueron elegidos vicepresidente primero y segundo Carlos Menéndez Blanco, procurador de Vox por Salamanca, y Nuria Rubio García, procuradora del PSOE por León, respectivamente.
Como secretarios de la Mesa fueron elegidos Daniel de la Rosa Villahoz, procurador del PSOE por Burgos, como secretario primero; Rocío Lucas Navas, procuradora del PP por Soria, como secretaria segunda; y Susana Suárez Villagrá, procuradora de Vox por Segovia, como secretaria tercera.
Tras la elección de los miembros de la Mesa de las Cortes de Castilla y León para esta XII Legislatura, el recién elegido presidente tomó juramento o promesa de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía a los procuradores electos, conforme a lo previsto en el artículo 4 del Reglamento de las Cortes.
Para terminar, tras su primer discurso dirigido a la Cámara, el presidente declaró constituidas las Cortes de Castilla y León y levantó la sesión.
El reparto de los principales cargos en la Mesa de la Cortes es fruto de un acuerdo entre el PP y Vox, que anunciaron el día 13 a través de un comunicado conjunto difundido por ambas formaciones, “con el objetivo de dotar de estabilidad a la nueva legislatura”. Además señalan que “este pacto demuestra la voluntad de entendimiento de los dos partidos políticos”y que se trata de “un acuerdo firme y duradero” en las Cortes como “paso previo a la formación de un Ejecutivo autonómico útil y eficaz para todos”.
Ambas formaciones dicen coincidir “en la necesidad de que la Comunidad tenga un Gobierno autonómico que siga funcionando, prestando servicios públicos de calidad y ofreciendo oportunidades a los castellanos y leoneses; y un Parlamento autonómico que recoge así el mandato otorgado por los ciudadanos de Castilla y León el pasado 15 de marzo”.
Igualmente, PP y Vox aseguran en el escrito que este acuerdo tiene “carácter definitivo”, lo que “evidencia” la voluntad de garantizar desde el inicio “el buen funcionamiento de la institución parlamentaria”.
Asimismo, enmarcan este “entendimiento” en el mandato expresado por los ciudadanos en las últimas elecciones, “interpretando los resultados como una llamada a facilitar la gobernabilidad”. En este sentido, consideran que la configuración de la Mesa permitirá “garantizar la estabilidad legislativa durante los próximos cuatro años”, ya que de no haber acercado posturas, existía el riesgo de que el PSOE presidiera las Cortes.
El PP de Castilla y León confirmó además que la hasta ahora consejera de Industria, Leticia García, pasará a ser la portavoz del Grupo Popular.
Por su parte el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, destacó que el acuerdo del PP y Vox sobre la Mesa de las Cortes de Castilla y León demuestra que hay una “nueva sintonía” y dijo que puede ser el preludio de los pactos de gobierno en la Comunidad y en Extremadura y Aragón.
Cambios en la Junta
Por otro lado, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, firmó el pasado 13 de abril los acuerdos por los que cesan en sus funciones las consejeras de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y de Educación, Rocío Lucas, que asumieron nuevas responsabilidades políticas, una como portavoz del PP en las Cortes y otra como secretaria segunda de la Mesa de la Cámara autonómica.
Hasta la formación de un nuevo Gobierno y mientras esté vacante la titularidad de la Consejería de Educación se encargará del ejercicio de sus funciones la vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.
Igualmente, en el caso de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se encargará del ejercicio de sus funciones el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
