La Xunta y el Gobierno central constituyen una comisión bilateral para debatir la Lei de Saúde

El Estado no retira el recurso de inconstitucionalidad contra la norma ni levanta su suspensión

La Xunta y el Gobierno central acordaron iniciar los trámites para convocar la comisión bilateral de cooperación en la que se clarificarán las discrepancias surgidas sobre la Lei de Saúde de Galicia. Así se abordó el pasado 19 de abril en una reunión técnica, en la que el Estado le trasladó al Gobierno gallego, que continúa adelante con la presentación al Tribunal Constitucional del recurso de inconstitucionalidad contra la norma y también descarta levantar su suspensión.

La Xunta lamenta y no comparte esta decisión del Gobierno central sin que se lleve a cabo una negociación previa en el marco de la comisión bilateral y considera que se produce así un trato discriminatorio frente a otras comunidades que regularon cuestiones que recoge la Lei de Saúde de Galicia con una norma con rango de ley. De todas formas, la Administración autonómica mantiene la voluntad de debatir y avanzar en este tema.

El Gobierno gallego confía en llegar a un acuerdo y defiende la necesidad de una norma como esta que ofrezca un marco legal para luchar contra la pandemia y que el Gobierno central no garantiza tras el levantamiento del estado de alarma el 9 de mayo. Así, la Lei de Saúde se elaboró de acuerdo a los criterios de los técnicos jurídicos de la Xunta y de los marcos constitucionales, con el objetivo de actuar con garantías en la crisis sanitaria.

Consejo de Estado

En esta línea, el Consejo del Estado indicaba en un informe la necesidad de que el Estado elaborara una ley orgánica que atendiera las necesidades de la gestión de la pandemia. Además, el documento avala la constitucionalidad de cinco de los seis apartados de la ley gallega.

Por otro lado, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, califica de “error” el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central a la norma aprobada por el Parlamento gallego y apeló al diálogo. “Entendemos que es un error, desde el punto de vista sanitario y político, porque lo lógico es hablar antes de denunciar y no hablar con la denuncia ya interpuesta”, aseveró, apelando al diálogo para “avanzar en una solución extrajudicial que devuelva el vigor a la ley para la gestión en la Comunidad”.

En una reunión, celebrada el pasado 20 de abril, con el nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, Feijóo incidió en la necesidad de que se celebre una Conferencia de presidentes para abordar el vacío jurídico tras el fin del estado de alarma “para que el Gobierno central y los presidentes autonómicos podamos concretar que cuestiones -como los cierres perimetrales o el toque de queda- se mantendrán vigentes o no”.

Mientras que el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, criticó que el Ejecutivo central tenga más prisa por recurrir la Lei de Saúde gallega que por dotar al Estado de una norma efectiva y reiteró la postura del Ejecutivo autonómico de que la norma aporta a los gallegos un aval jurídico contra la pandemia que el Gobierno central no garantiza. La Xunta entiende que la postura del Gobierno aboca a los españoles a una inseguridad jurídica sin mecanismos legales para combatir la crisis sanitaria.

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