El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, calificó con un rotundo “suspenso” la gestión que el Gobierno de España realiza en materia de atención a la diáspora. Durante su intervención ante el V Pleno del VIII Mandato del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), celebrado en Madrid del 25 al 27 de mayo, el dirigente gallego denunció una alarmante “falta de sensibilidad” por parte del Ejecutivo central hacia los ciudadanos residentes en el extranjero. Miranda acusó a la administración estatal de sustituir las acciones reales por “bonitas palabras”, recortar de forma drástica el apoyo económico a las entidades de la emigración y desproteger los derechos civiles y sociales básicos de los españoles en el mundo, llegando a afirmar que se está utilizando el acceso a la nacionalidad como una “mercancía electoral”.
Balance en rojo: de las palabras a los recortes
El secretario xeral inició su discurso agradeciendo el trabajo diario y la labor que realizan los consejeros del CGCEE como la voz directa de los emigrantes. Sin embargo, su tono cambió drásticamente al evaluar las políticas del Ejecutivo central. Apoyado en la experiencia de ocho viajes institucionales realizados a distintos países del mundo en lo que va de año, Miranda aseguró que la realidad que viven las comunidades en el exterior desmiente por completo la propaganda oficial.
“El balance de la acción del Gobierno en el exterior en este periodo no puede recibir un aprobado”, sentenció de forma directa. Según el representante gallego, el distanciamiento del Estado no es una cuestión de opiniones, sino de hechos demostrables mediante la pérdida de apoyo presupuestario directo. Miranda denunció la desaparición de múltiples programas orientados al mantenimiento de los centros gallegos y españoles en el mundo, así como el debilitamiento económico de las federaciones y entidades asociativas, las cuales han perdido la fuerza financiera necesaria para sostener sus actividades asistenciales y culturales debido a convocatorias estatales que ya ni siquiera se publican.
Prestaciones en Venezuela: tres años de espera por un derecho legal
Uno de los puntos más críticos y específicos de su crítica se centró en la situación de vulnerabilidad extrema que sufren los españoles residentes en América Latina, concretamente en Venezuela. Miranda puso sobre la mesa el caso de más de 1.000 ciudadanos españoles nacidos en España que actualmente se encuentran en un limbo administrativo forzoso, esperando la recepción de las prestaciones por razón de necesidad.
El secretario xeral calificó de “inadmisible” que haya personas acumulando hasta tres años de retraso para el reconocimiento de una prestación económica básica. “Estamos hablando de un derecho legal, no de la voluntad política o de la caridad de un gobierno de turno a través de un programa asistencial”, recordó con severidad.
Ante las habituales justificaciones de falta de presupuesto, el mandatario de la Xunta desmontó los argumentos estatales aludiendo al incremento de la recaudación fiscal en España, la cual creció un 10% en el último ejercicio, aportando 32.000 millones de euros adicionales a las arcas del Estado. “La cuantía de estas pensiones en el exterior es pura bagatela en comparación. Las pensiones, al igual que las retribuciones del personal de la administración pública, son lo primero que tiene que atender un gobierno y no admiten esperas ni excusas de caja”, reprochó Miranda.
La Ley de Memoria Democrática, “chapuza jurídica” orientada al clientelismo
La política de acceso a la nacionalidad española centró también gran parte de la argumentación del secretario xeral, quien no dudó en tildar la gestión de la Ley de Memoria Democrática (LMD) como una verdadera “chapuza jurídica”. Para la Xunta de Galicia, el Gobierno central ha repetido los errores de la anterior legislación de memoria histórica al introducir un derecho tan digno e importante como la nacionalidad “por la puerta de atrás”, en lugar de tramitar una ley específica de nacionalidad para los descendientes que contara con el consenso de las fuerzas parlamentarias.
Miranda denunció que esta vía extraordinaria ha generado una profunda inseguridad jurídica que la Administración Central ha intentado solucionar “mediante instrucciones provisionales, parches normativos e inventando mecanismos de gestión digital que carecen de amparo legal”. El político gallego criticó con dureza el sistema de “citas digitales para obtener una mera expectativa de presentar una solicitud”, un procedimiento, según dijo, que no existe en ninguna reglamentación administrativa. Al mismo tiempo señaló que la falta de previsión ha colapsado las oficinas consulares hasta el extremo de que existen ciudadanos en el exterior que se enfrentan a esperas de hasta diez años únicamente para registrar sus documentos de identidad.
“Eso no es respeto por los ciudadanos del exterior; eso es tratarles exclusivamente como mercancía electoral para que deban el favor de su pasaporte a un determinado gobierno”, afirmó Miranda. En este sentido, lamentó que no se utilizara una proposición de ley previa que ya había sido aprobada por unanimidad de todos los partidos en el Senado español, la cual habría blindado la nacionalidad de forma definitiva y ordenada.
El colapso del voto en el exterior y las trabas al retorno juvenil
El análisis de los derechos civiles se extendió también al ámbito electoral. A pesar de la reforma que eliminó el voto rogado, Miranda insistió en la necesidad imperiosa de seguir incrementando los lugares físicos habilitados para el depósito del voto en urna. El secretario xeral argumentó que España cuenta con una red de estructuras consulares, institutos culturales y personal funcionario plenamente capacitados en el extranjero para acercar las urnas a los residentes, por lo que consideró que “no existen motivos objetivos para negarse a expandir estos puntos de votación”.
En lo referente al retorno de los emigrantes y sus familias, la Xunta acusó al Estado de limitar su gestión a la presentación de planes teóricos y anuncios de expectativas que carecen de resultados prácticos medibles en el territorio. Miranda ilustró este abandono explicando las enormes dificultades que sufren los hijos y nietos de españoles cuando deciden regresar para continuar sus estudios formativos.
“Si los hijos de los españoles quieren acceder a una carrera universitaria en España, se encuentran con una carrera de obstáculos burocráticos. Acceder a una beca pública estatal viniendo del exterior es hoy en día difícil, por no decir imposible”, denunció, criticando la falta de programas específicos de discriminación positiva para reforzar los vínculos de la juventud nacida en el extranjero con su país de origen.
Desigualdades sociales y de género en la atención a los mayores
La situación de la tercera edad en la diáspora evidenció, según el informe gallego, una preocupante desigualdad geográfica y de género en la acción social del Estado. Miranda afeó al Ejecutivo central que las personas mayores residentes en el continente americano carezcan por completo del acceso a los viajes y programas de envejecimiento activo del Imserso, mientras que en Europa dicho servicio se aplica solo de manera parcial y discriminatoria.
Esta desprotección afecta con especial crueldad a un colectivo específico: las mujeres emigrantes. El secretario xeral recordó que muchas mujeres abandonaron España en décadas pasadas sin haber tenido la oportunidad de cotizar previamente en el sistema laboral nacional, siendo ellas quienes ahora sufren de forma directa la exclusión de las ayudas. También se refirió a los agravios fiscales al retornar o al solicitar asistencia en sus países de residencia. Además, apuntó a las serias dificultades de acceso a la vivienda que padecen las familias retornadas al llegar a España sin un historial crediticio local o apoyos públicos estatales.
Galicia ofrece su experiencia frente a la soledad institucional
A pesar del duro diagnóstico político, Antonio Rodríguez Miranda concluyó su intervención tendiendo la mano a la cooperación institucional, aunque reiterando el sentimiento de desamparo que sufren las autonomías. “Como comunidad autónoma, nos hemos sentido muy solos y abandonados en el ámbito del retorno por parte del Estado”, confesó.
El mandatario recordó que Galicia acumula más de ocho años de trabajo intensivo en políticas específicas de retorno —a través de iniciativas pioneras como las becas BEME o los apoyos extraordinarios al autoempleo—. Por ello, ofreció esa experiencia de gestión para colaborar en el desarrollo del nuevo Reglamento estatal en materia de retorno, una normativa que la Xunta lleva demandando largo tiempo para dotar de estabilidad al proceso. “Queremos ayudar al Estado, pero exigimos que se trabaje con seguridad jurídica y no buscando el clientelismo político”, matizó.
Finalmente, el secretario xeral quiso desligar la crítica a la dirección política del respeto debido al personal de la Dirección General de Migraciones, incluida su titular, Elena Bernardo, y a la propia presidenta del Consejo, Violeta Alonso, agradeciendo la colaboración y el trato humano recibido durante el VIII Mandato del CGCEE, pese a los diferentes puntos de vista en el modelo de gestión.
Gracias por apoyarnos. Recientemente entré en la página web para solicitar el retorno a la Xunta de Galicia y estoy esperando respuesta.
Todos conocen la situación en Cuba, casi al borde de una invasión por parte de Estados Unidos por el abandono del gobierno al pueblo cubano. Somos una familia de cinco personas. Mi esposo y mis tres menores de edad, Moisés de 13, Josué de 10 y la pequeña Jael de tres añitos. Soy ciudadana española por la LMD y estamos deseosos mi esposo y yo de trabajar y recidir en la hermosa Galicia de mi abuelito. Solicito ayuda al Programa de Retorna Cualifica Emprego. Vivo en el municipio de Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba. Está es mi dirección calle Fortuna no. 312 entre Mayarí y Ronda del Sur reparto Alturas del Rosario. La Güinera Soy graduada en Contabilidad y mu esposo trabajó hasta hace poco como Jefe Comercial de una Empresa de Seguridad y Protección a instalaciones fijas con pleno conocimiento de Sistemas de Seguridad y Protección.