El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, señaló el pasado 6 de noviembre en el Parlamento que la Administración autonómica subirá los umbrales de renta el próximo año para que más gente pueda acceder a vivienda de promoción pública, poniendo como ejemplo que se evitará así que una pareja que “entre los dos ganan 24.000 euros estén fuera de las posibilidades de acceder a la vivienda pública”. Al mismo tiempo se darán “más posibilidades a la gente joven” y, tal y como recordó, se reservará a los chicos y chicas el 25% de la vivienda pública en venta y el 40% de la destinada a alquiler.
El responsable del Ejecutivo autonómico, que apostó por “medidas efectivas” que pongan más viviendas a disposición de las personas en lugar de políticas que “detraen viviendas del mercado”, recordó que el objetivo para esta legislatura es duplicar el número de viviendas publicas promovidas por la Xunta llegando a las 8.000, señalando que más de 1.000 ya están en marcha en los primeros meses del mandato.
Rueda, quien subrayó que el presupuesto destinado a la construcción de vivienda de promoción pública y suelo residencial se triplica hasta superar los 120 millones de euros, apuntó también otras medidas que se están poniendo en marcha en este ámbito, como la reconversión de los bajos comerciales o la reducción a la mitad de los plazos de tramitación del nuevo suelo residencial para viviendas protegidas, además de hacer que estas “sean viviendas protegidas siempre, a disposición de los que las necesitan”.
Sociedade de Vivenda Pública de Galicia
Por otro lado, el Consello da Xunta autorizó el pasado 11 de noviembre la creación de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, nacida de la escisión de Xestur y que desarrollará vivienda pública en la Comunidad. Según destacó el titular del Ejecutivo autonómico, esta nueva sociedad permitirá “agilizar toda la tramitación y la gestión que permita tanto disponer de suelo para vivienda como construir estas viviendas”, avanzando así en “los retos importantes que tenemos marcados en materia de vivienda pública en esta legislatura”.
Así, Alfonso Rueda recordó “esa línea que estamos siguiendo de apuesta decidida por promocionar la vivienda pública tanto de promoción autonómica como de protección pública en Galicia”.
Hasta ahora, la actividad de Xestur se concretaba en la promoción y gestión de suelo empresarial y en la promoción y gestión de suelo residencial incluyendo, en este último caso, la edificación y promoción de viviendas. Xestión de Suelo de Galicia, Xestur, estaba adscrita a la consellería competente en materia de gestión y desarrollo de suelo empresarial y residencial (antigua Consellería de Territorio, Medio Ambiente e Vivenda), y estaba tutelada funcionalmente por el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS).
En la nueva estructura orgánica de la Xunta de Galicia, aprobada por el Decreto 49/2024, de 22 de abril , el IGVS se adscribe a la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, con competencias en materia de vivienda; las competencias en materia de suelo empresarial se traspasan a la Consellería de Economía e Industria, que pasa a asumir la tutela funcional de Xestur.
Por lo tanto, hace falta separar el patrimonio y las actividades hasta ahora desarrolladas de forma conjunta por Xestur, de manera que pase a poseer el patrimonio y desarrollar, de forma única, las actividades relacionadas con el suelo empresarial, y que la actividad de vivienda y suelo residencial pase a una sociedad de nueva creación.
En este proceso de división de actividades y patrimonio, los actuales socios de Xestur mantendrán las mismas cuotas de participación, tanto en la propia Xestur como en la nueva sociedad de vivienda.
La Sociedade de Vivenda Pública de Galicia tiene el objetivo de promover 2.350 viviendas públicas hasta el 2028, para conjuntamente con las impulsadas por el IGVS conseguir el reto de llegar a las 4.000 nuevas viviendas protegidas en esta legislatura. En este sentido la Xunta tiene ya más de 1.600 viviendas en distintas fases de ejecución
Para este reto, la sociedad dispondrá del suelo residencial actualmente titularidad de Xestur, de tal manera que podrá iniciar la construcción de viviendas de promoción pública de manera inmediata.
Además, dispondrá del suelo objeto de cesión por el IGVS o por los ayuntamientos. Una vez que sean redactados los proyectos de edificación correspondientes, ejecutará las obras y entregará las viviendas a los adjudicatarios.
Enmienda a los Presupuestos
Por último, el Partido Popular incorpora en sus enmiendas a los proyectos de Ley de presupuestos de la Comunidad gallega para 2025 y de medidas fiscales y administrativas dos iniciativas para incrementar el mercado de viviendas en alquiler en Galicia a través de incentivos a los pequeños propietarios con inmuebles vacíos para que los pongan en el mercado con deducciones en el IRPF de los gastos derivados de su adecuación o por el simple arrendamiento de la vivienda.
El portavoz del Grupo Popular, Alberto Pazos, acompañado por los conselleiros de Facenda, Miguel Corgos, y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, informó el pasado 16 de noviembre que las enmiendas al proyecto de Ley de medidas fiscales y administrativas incorporan nuevas exenciones fiscales orientadas a estimular que las personas propietarias de viviendas las pongan en el mercado de alquiler.
En concreto, el conselleiro de Facenda explicó que “el objetivo es incrementar un 3% el número de alquileres, lo que supone incrementar a corto plazo el mercado con 1.000 nuevas viviendas”.
Para eso, en primer lugar, se introduce una deducción del 15% en la cuota autonómica del IRPF de los gastos derivados de la adecuación de un inmueble vacío para destinarlo al arrendamiento como vivienda, con un importe máximo de 3.000 euros por vivienda y año durante tres años; y, en segundo lugar, se establece una deducción de 500 euros en la cuota autonómica del IRPF por el arrendamiento de viviendas vacías.
Los destinatarios de estas dos deducciones serán las personas propietarias de un máximo de tres viviendas, con un límite de 700 euros del precio mensual del alquiler, un arrendamiento por un tiempo mínimo de tres años y que las viviendas lleven, por lo menos, un año vacías.
La conselleira de Vivenda manifestó que estas bonificaciones fiscales “enriquecen las medidas ya impulsadas por la Xunta” y resaltó la colaboración de los ayuntamientos, pero lamentó “la dejadez del Gobierno central y de una ley estatal que no es solo que no ayude, sino que está perjudicando claramente a los pequeños propietario que no se atreven a alquilar sus viviendas”.
Por este motivo, reclamó que “el Estado modifique esta Ley claramente lesiva y que se está demostrando tan ineficaz” y afirmó que el Gobierno gallego actúa “para dar soluciones efectivas a las limitaciones y a la inseguridad jurídica creada con las propuestas de creación de zonas tensionadas o de limitación de los precios, que da lugar a que los propietarios, bien sea promotores privados o bien particulares, no pongan las viviendas en el mercado del alquiler”.
