El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, mantuvo el día 1 de julio en Santiago de Compostela y el 30 de junio en Ribadavia sendos encuentros con representantes empresariales y de entidades interesadas en la nueva convocatoria de impulso a la rehabilitación de viviendas destinadas a personas trabajadoras. En la jornada en Santiago también intervino el secretario xeral de Unións Agrarias, Roberto García, y en ambos encuentros el conselleiro recordó que el plazo de solicitud de las ayudas está abierto hasta el próximo 15 de julio con el objetivo de atraer talento y garantizar la cobertura de vacantes especialmente en sectores estratégicos como el agroalimentario, al tiempo que se apuesta por fijar población dando una nueva vida a inmuebles inhabitados, sin finalizar o deteriorados.
Según explicó, la orden conjunta de las consellerías de Emprego, Comercio y Emigración y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas consta de dos líneas: la primera dirigida a empresas y a personas físicas o jurídicas, y la segunda destinada a ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, con ayudas máximas previstas de hasta el 95% del presupuesto de la rehabilitación. Si se rehabilita una vivienda unifamiliar, la cantidad máxima será de 50.000 euros si solicitan la ayuda empresas o personas físicas, y de 75.000 euros en el caso de ayuntamientos. Si se trata de edificios residenciales colectivos inacabados o en situación de esqueleto inmobiliario, la cuantía no podrá superar los 30.000 euros por cada una de las viviendas del inmueble, ni la cantidad global para todo el conjunto de los 300.000 euros.
En el marco de las dos líneas de ayudas existentes, el orden contempla también dos variables. La primera, que las empresas con centros de trabajo en Galicia sean las propietarias, usufructuarias o cesionarias del uso de las viviendas por un plazo mínimo de 10 años y decidan rehabilitarlas para destinarlas a la residencia habitual de sus personas trabajadoras, contribuyendo así a la cobertura de sus propias vacantes. La segunda, que esas empresas lleguen a acuerdo con una o varias personas propietarias de viviendas de la zona, o incluso con ayuntamientos, para que sean ellos quien se encarguen de rehabilitar los inmuebles en beneficio último de los trabajadores de esas empresas.
De esta forma, González destacó que los inmuebles deben destinarse a personas trabajadoras, en régimen de alquiler o de cesión de uso. No podrán estar situados a una distancia superior a 15 kilómetros del centro de trabajo donde esté contratada la persona destinataria final, siempre en un ayuntamiento con menos de 20.000 habitantes, primándose los municipios con menos de 5.000 personas.
Criterios de valoración
Según apuntó el titular de Emprego, al analizar las solicitudes se tendrá en cuenta tanto la distancia entre la vivienda y el trabajo como la existente hasta una parada de transporte público o hasta una vía de alta capacidad. A mayores, se dará prioridad a las viviendas dirigidas a personas que trabajen en sectores estratégicos como agraolimentario, pero también en la automoción, naval, metalmecánico, textil-moda, TIC e industrias culturales, así como las actividades pesqueras, forestales o de cuidados de mayores. A la hora de puntuar las solicitudes, se valorará también la sostenibilidad de las rehabilitaciones.
José González concluyó aludiendo a las nuevas ayudas como una orden sin precedentes, que permite avanzar en la cobertura de vacantes laborales por parte del tejido productivo proporcionándoles a las personas trabajadoras el acceso a la vivienda imprescindible para que puedan aceptar un empleo y establecerse con todas las garantías. Tanto a la fuerza laboral interna, dijo, como a la exterior necesaria para seguir avanzando en el encaje de oferta y demanda que redunde en el desarrollo económico de Galicia.
