La Xunta reitera al Gobierno central que haga públicos los datos del impacto del coronavirus en las residencias

Las comunidades autónomas envían esta información dos veces por semana al Ministerio de Sanidad desde el 7 de abril

La conselleira de Política Social, Fabiola García, realizó declaraciones explicando la postura de la Xunta.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, reiteró al Gobierno central la solicitud de que haga públicos los datos relativos al impacto del Covid-19 en las residencias de mayores de todas las comunidades autónomas. Lo hizo el pasado 7 de mayo, día en el que se cumplía un mes desde que Galicia y todas las demás comunidades envían de manera uniforme datos sobre residencias al Ministerio de Sanidad, dos veces por semana, en las condiciones y siguiendo la plantilla marcada por este organismo.

“Sin datos, se expanden los perjuicios, los mitos y las medias verdades. Los usuarios de residencias, sus familias y las personas que trabajan en ellas merecen contar con información fiable”, indicó la conselleira.

A juicio de la conselleira, la ciudadanía merece poder confirmar con datos oficiales y a nivel nacional la realidad que ya están contando los medios de comunicación, gracias al trabajo de recopilación de datos que hacen los periodistas. Los datos conocidos por los medios apuntan a que el impacto del coronavirus en las residencias gallegas fue tres veces inferior a la media española y que Galicia es la tercera comunidad con una menor afectación por el coronavirus en los centros residenciales de mayores.

La Xunta hará una consulta jurídica sobre la constitucionalidad del reparto del 0,7% del Impuesto de Sociedades propuesto por el Gobierno central

Por otro lado, la conselleira de Política Social avanzó que la Xunta hará una consulta jurídica sobre la constitucionalidad del reparto del 0,7% del Impuesto de Sociedades que propone el Gobierno central. Se trata de unas ayudas nuevas, incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, por un importe de 34 millones de euros que la Vicepresidencia de Derechos Sociales quiere distribuir de manera directa.

El Tribunal Constitucional confirmó en 2017 que el reparto de los fondos del 0,7% del IRPF son una competencia autonómica, por lo que la Xunta consultará si esta jurisprudencia es compatible con la propuesta de que las ayudas con cargo al 0,7% del Impuesto de Sociedades sean gestionadas directamente por el Gobierno central.

Además, Fabiola García recordó que, en la propuesta del Gobierno central, Galicia y otras tres comunidades autónomas reciben un trato once veces peor que todas las demás comunidades autónomas. La asignación de estas comunidades, incluida la gallega, se actualiza solo el 0,9% correspondiente a la inflación, mientras que la de todas las demás autonomías crece como mínimo un 11%.

La conselleira trasladó todas estas cuestiones a las entidades sociales que forman el Comité de seguimiento del 0,7% del IRPF: EAPN-Red gallega contra la pobreza, el CERMI-Galicia (que agrupa a las principales entidades de personas con discapacidad), la ONCE, la Cruz Roja y Cáritas.

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