El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello aprobó el pasado 20 de abril el decreto “que regula el diálogo social en Galicia”. En concreto, esta normativa va a “establecer la composición, organización y funcionamiento de la denominada Mesa de Diálogo Social de Galicia”, adscrita a la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración y de la que forman parte el Gobierno gallego y los agentes sociales -organizaciones sindicales y patronal-. Con él, el Gobierno gallego institucionaliza el Diálogo Social estableciendo una norma reguladora del mismo en Galicia.
De este modo, a través de un decreto que crea la Mesa de Diálogo Social de Galicia como el superior órgano de participación institucional permanente de la Comunidad. “Queremos consolidar esta herramienta clave de la negociación colectiva”, indicó el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González.
Este paso se realiza después de años de funcionamiento del Diálogo Social en Galicia y tras consensuarlo con los agentes socias. Así, el objetivo de esta norma que se publicó posteriormente en el Diario Oficial de Galicia es “adaptar esta herramienta a las nuevas realidad sociolaborales y económicas”, indicó el conselleiro.
En concreto, la normativa refleja las funciones y composición de la Mesa de Diálogo Social, que consta de Presidencia honorífica, Presidencia, Vicepresidencia, Vocalías y Secretaría, y su funcionamiento a través del Pleno, de la Comisión Delegada y de las Mesas Sectoriales e Intersectoriales.
En este sentido, tal y como indicó José González, el decreto también “servirá para actualizar la composición de las mesas que componen el Diálogo Social” y en las que están representadas diferentes consellerías. Actualmente estas mesas son la Mesa de Emprego, que incluye los grupos de trabajo de Políticas activas de empleo y flexibilidad de la formación, prevención de riesgos laborales y absentismo laboral e Igualdad laboral y la Mesa de Economía e Industria, con los grupos de trabajo de Industria y energía, Naval y Automoción.
Una de las funciones de la Mesa de Diálogo Social es la realización de estudios e informes relativos a las materias objeto de debate en este espacio. Muestra de esto y del compromiso de la Xunta con la negociación colectiva es el trabajo que realizará en el seno del Diálogo Social en relación a cuestiones como el absentismo y el bienestar laboral.
Soluciones al absentismo
Toda vez que este es un fenómeno que no alcanza solo a la Administración autonómica, la Xunta analizará junto con los agentes sociales las causas y consecuencias de las bajas laborales, desgranando esa misma tarde las conclusiones de un informe realizado por expertos de las universidades gallegas. En el acto de presentación del informe elaborado por expertos de la Universidade de Santiago de Compostela (USC)y de la Universidade de Vigo sobre el impacto del absentismo laboral en la economía gallega, en el que intervino el catedrático de Economía Aplicada de la USC, Santiago Lago, participó también el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, acompañado del secretario xeral técnico de la Consellería, Joaquín Macho, y del secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández. Previamente, el documento fue también puesto a disposición de los agentes sociales que forman parte de la Mesa del Diálogo Social.
Durante la presentación, el catedrático destacó, tal y como recoge el informe, que el absentismo laboral constituye hoy un fenómeno de carácter estructural y más del 60% de las empresas consultadas reconoce que afecta de manera alta o muy alta a su rendimiento operativo. Este hecho repercute de manera directa en el mercado laboral gallego, situando a Galicia como la segunda comunidad autónoma tanto en porcentaje de jornadas perdidas (7,6%, frente al 6,3% estatal), como en duración media de las incapacidades y en la prevalencia de procesos de larga duración. Asimismo, Lago subrayó el impacto de esta realidad en la competitividad del tejido productivo y en el bienestar de los trabajadores. En términos económicos, el absentismo supuso en 2024 un coste directo de cerca de 985 millones de euros para la Seguridad Social y de 964 millones para las empresas gallegas, con un ahorro potencial en este ámbito de 170 millones en el caso de que Galicia igualase los niveles medios de absentismo del conjunto estatal. Además, el impacto anual estimado sobre el Producto Interior Bruto gallego del absentismo no cubierto alcanzó los 2.268 millones de euros, aproximadamente el 3% del PIB. Asimismo, el estudio concluye que factores estructurales como el envejecimiento de la población o la estructura productiva solo determinan un tercio de la brecha en la duración de las bajas entre Galicia y el resto de las comunidades autónomas, lo que abre una ventana de oportunidad para definir e implementar estrategias de mejora dialogadas con los agentes sociales.
Según indicó el conselleiro, estos datos evidencian una realidad que un gobierno responsable debe abordar con rigor y responsabilidad. En este sentido, precisó que el objetivo de la Xunta no es en ningún caso cuestionar las bajas laborales -un derecho absolutamente legítimo de los trabajadores-, sino adoptar medidas que permitan reducir su impacto negativo reduciendo las bajas evitables, reforzando la prevención de riesgos laborales y el bienestar en el trabajo, optimizando los procesos de gestión y control para evitar prolongaciones innecesarias o, también, luchando contra abusos.
En este marco, José Gonzálezx puso en valor el papel del Diálogo Social como herramienta fundamental para analizar esta realidad, escuchando a empresarios y sindicatos y promoviendo medidas eficaces desde el máximo respeto a los derechos laborales.
Se trata, además, según destacó el titular de Emprego, de una jornada especialmente relevante, ya que esa misma mañana el Consello da Xunta había aprobado el decreto que el Diálogo Social , y con ese paso, avanzará en la elaboración de un plan integral para reducir el impacto del absentismo en Galicia, tal y como avanzó el presidente Rueda en el Debate del Estado de la Autonomía. Este programa, dentro de las competencias autonómicas, tendrá como objetivo mejorar el funcionamiento del sistema y proteger los derechos de empresas y trabajadores.
