El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, mantuvo el 17 de febrero una reunión con el comité de empresa de Alcoa para, tras valorar la situación actual del sector, demandar medidas efectivas que rebajen el precio de la electricidad y presentar alegatos al nuevo estatuto electrointensivo del Gobierno. Destacó que no solo se trata de un problema que afecta a los 2.000 trabajadores de la planta de San Cibrao, sino también a un conjunto de empresas en la provincia de A Coruña; “estamos hablando de un total de 5.000 familias sin viabilidad en sus puestos de trabajo en los próximos meses”.
A lo largo del encuentro, Feijóo denunció que el nuevo estatuto de las industrias electrointensivas, presentado una semana antes, en vez de ser una garantía para que estas empresas sean viables es “la sentencia clara” para que vayan cerrando de forma consecutiva. “Este estatuto es el acta de defunción de las empresas que utilizan la energía como materia prima determinante en sus costes”, abundó, refiriéndose también a la decisión del Estado de incrementar el número de posibles empresas beneficiarias pasando de 119 a 600; un incremento que favorece sobre todo a Cataluña y País Vasco y que, por el contrario, perjudica a las industrias que consumen más electricidad como es el caso de Galicia.
