El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, mantuvo el pasado 13 de julio un encuentro con representantes de la Confederación Mar-Industria Alimentaria en el que les trasladó que el Ejecutivo gallego va a solicitar un informe independiente al Consello Consultivo de Galicia para reforzar su demanda al Estado de transferencia inmediata de las competencias de gestión del dominio público marítimo-terrestre en territorio gallego.
En esa reunión, en la que estuvo acompañado por la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, y por la conselleira do Mar, Rosa Quintana, aseguró que los servicios jurídicos de la Comunidad entienden que se puede hacer esa transferencia sin necesidad de reformar el Estatuto de Autonomía de Galicia. Por tanto, podría ejecutarse vía decreto o como ley orgánica.
La Xunta trasladó a los responsables de la Confederación Mar-Industria Alimentaria su apoyo en la defensa de los intereses del sector del mar y su voluntad de asumir las competencias lo antes posible para gestionar el litoral en consonancia con la realidad gallega. En esta línea, incidió en que Galicia no se entiende sin su mar ni sin toda la actividad que se desarrolla a su alrededor.
El presidente y las conselleiras censuraron la actitud del Gobierno central desde el año 2018 y su pretensión de eliminar cualquier vestigio de presencia humana de la costa sin evaluar las consecuencias que esas decisiones pueden tener en la economía y en la población de las zonas costeras. Esos planes, recordaron, comenzaron tratando de modificar el reglamento general de costas para erradicar cualquier tipo de actividad en la línea marítima y que, aunque la contestación social obligó a paralizarlos, los recuperó “por la puerta de atrás” con las modificaciones introducidas en la Ley de cambio climático, con la que limitó la duración máxima de las concesiones a 75 años, “lo que no solo pone en riesgo la actividad de las empresas del sector, sino que les genera también inseguridad jurídica”.
Ahora insiste en esa pretensión de dejar libre la costa con el Plan Estratégico del Litoral y con la modificación del reglamento general de Costas, a los que la Xunta va a presentar los correspondientes alegatos en base a argumentos sólidos e informes de impacto que permitan frenar los planes del Ejecutivo estatal. No obstante, la Xunta recuerda que únicamente la Administración gallega puede hacer alegatos al Plan Estratégico del Litoral, lo que muestra el oscurantismo con el que está actuando el Gobierno central pues no quiere participación del conjunto de la ciudadanía ni transparencia.
Por eso, la Xunta está trasladando esta cuestión a los ayuntamientos del litoral y también a las entidades afectadas para que se rearmen y tratar de parar el proyecto del Gobierno central “con la fuerza social, la acción política y la vía legislativa”. En esta línea, el Ejecutivo gallego cuestiona la gestión que se está llevando del litoral de Galicia a más de 600 kilómetros de la costa y reivindica la capacidad de la Comunidad para administrar de manera sostenible sus recursos naturales.
Mapa estatal de autobús
Por otro lado, la Xunta y los ayuntamientos afectados acordaron pedir al Gobierno de España la retirada del nuevo mapa estatal de concesiones de autobús, que deja a más de 136.000 gallegos sin parada y supone un ataque al rural. La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, se reunió el día 4 con los alcaldes y representantes de un grupo de municipios para abordar el mapa estatal de concesiones de transporte de viajeros por carretera. Vázquez Mourelle criticó que el nuevo mapa suprime un 47% de las rutas, rebaja en un 74% los municipios con parada y merma en un 31% los kilómetros que recorre de media cada vehículo.
Hizo hincapié en la concepción meramente economicista de un servicio público y en los datos alarmantes que se desprenden del nuevo mapa de rutas de autobús estatal, que suprime paradas en 23 municipios. La Xunta y los representantes municipales también pusieron de relieve el fuerte impacto de este recorte en los Caminos de Santiago, donde varias poblaciones quedarán sin paradas. A ese respecto, también apuntaron la supresión de 76 servicios interiores y de dejar de prestar de manera directa 1.100 rutas de autobús, lo que supone que los viajeros se verán obligados a hacer trasbordos, en detrimento de la calidad del servicio en una comunidad como la gallega, con una enorme dispersión y con un notable envejecimiento.
En este sentido, el Gobierno gallego viene manifestando la oposición frontal a este nuevo mapa concesional, una postura que es compartida con otras comunidades autónomas como Castilla y León, Aragón o Andalucía.
La titular de Infraestruturas e Mobilidade del Gobierno gallego apuntó la incoherencia que supone reducir la oferta y la calidad del transporte público en el momento en que más lo necesitan los ciudadanos por el incremento del precio de los combustibles.
En cuanto al derrumbe de la A-6, la Xunta reclamó actuaciones urgentes y no esperar a otoño. De hecho, la Consellería de Infratestruturas envió al Ministerio de Transportes su propia alternativa. Y siguiendo con el transporte, lamentó que la gratuidad de los servicios de Renfe, aprobada en el Debate sobre el Estado de la Nación, no incluye los trenes Avant de Galicia.
Fondos europeos
Por otro lado, el presidente de la Xunta reclamó el día 11 al Gobierno central que muestre su compromiso con la industria gallega en la asignación de los fondos Next Generation. Dentro o fuera de los Perte o con fórmulas que considere más idóneas, pero con compromiso, enfatizó durante su intervención en el desayuno-coloquio celebrado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, en Santiago de Compostela.
En este sentido, defendió que Galicia cumplió con lo que se le pidió desde el Gobierno de España y construyó una candidatura sólida a los fondos europeos para la industria, conformada por proyectos estratégicos con potencial para la transformación de la economía. Entre ellos, apuntó a la plataforma de vehículos eléctricos de Stellantis, en Vigo; a la fábrica de ánodos de grafito de Showa Denko, en A Coruña; a la de fibras textiles de Altri en Palas de Rei; o a la planta de hidrógeno verde que quiere levantar Reganosa y EDP Renovables en As Pontes.
En la inauguración del encuentro Galicia’s Leadership & innovation day, en A Toxa, el máximo mandatario gallego puso en valor el incremento en los últimos 13 años de un 18,2% del PIB per cápita de Galicia, la segunda mayor subida de toda España; la facturación de más de 25.000 millones de euros en exportaciones; el aumento de las ventas al exterior en un 23,5% en el último año; y el hecho de que 9.300 empresas gallegas tengan clientes fuera del territorio nacional.
Apoyo a los familiares del ‘Villa de Pitanxo’
El presidente del Gobierno gallego reafirmó el pasado 16 de julio el apoyo de la Xunta de Galicia a los familiares del Villa de Pitanxo y se comprometió a trasladar al presidente del Gobierno sus peticiones sobre la investigación del accidente. En un encuentro en Marín con las familias de las víctimas, cinco meses después del siniestro en el que desaparecieron 21 marineros que faenaban en aguas de Canadá, Alfonso Rueda recogió una carta que le pidieron que haga llegar a Pedro Sánchez cuando este reciba al presidente de la Xunta.
Rueda, que previamente había asistido con el Rey Felipe VI al acto de jura de bandera y entrega de los Reales Despachos de la Escuela Naval Militar de Marín, insistió en que el Gobierno central debería poner todos los medios a disposición de la investigación, y más ahora, cuando las condiciones meteorológicas facilitarían las labores de localización de los desaparecidos. Reiteró, además, que el Gobierno gallego no escatimará recursos para colaborar en esa búsqueda en caso de que el Ejecutivo tenga en cuenta las reiteradas peticiones de ayuda por parte de los familiares de las víctimas. Recordó que es prioritario aclarar lo sucedido en el accidente que tuvo lugar el pasado 15 de febrero y que así se lo trasladará al jefe del Ejecutivo central cuando mantengan el primer encuentro tras la investidura de Rueda como presidente de la Xunta. De ahí que lamentara que dos meses después de su nombramiento, la reunión aun no tenga fecha.
El encuentro con los familiares de las víctimas se encuadra en la línea de colaboración comprometida por el Gobierno gallego desde que tuvo lugar el siniestro, una de las mayores tragedias sufridas por el sector marítimo-pesquero de Galicia. Apoyo psicológico a los familiares, líneas de ayudas dispuestas para víctimas de naufragios y asistencia en la investigación fueron algunos de las ofertas prestadas por parte de la Xunta.
