La secretaria general técnica de la Consellería do Mar, Isabel Concheiro, aseguró el pasado 25 de mayo en el Parlamento de Galicia que el Gobierno gallego hizo todo lo posible dentro de sus competencias para defender los intereses de los exmarinos embarcados en buques de la marina mercante de Noruega entre 1948 y 1994 que ahora reclaman sus pensiones al país nórdico. Concheiro indicó que el problema depende del Ejecutivo central, lo que “delimita y reduce mucho” las posibilidades de actuación de la Xunta.
La representante de Mar criticó que los exmarinos agrupados en la asociación Long Hope -unos 12.000, la mayoría gallegos- rechazasen un convenio de la Xunta por valor de 70.000 euros para sufragar los gastos derivados de las gestiones por la defensa de sus pensiones. “Ellos nunca pidieron dinero para sus gastos personales, como establecía ese convenio. Lo que quieren es el compromiso político y que ustedes se planten ante Noruega”, recriminó la diputada del BNG Montse Prado, que había interpelado a Concheiro sobre esta situación.
Para la diputada, ahora es el momento de que el Estado español se comprometa y emprenda medidas legales contra el Reino de Noruega al amparo del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Legislación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, justo para evitar que los marineros emigrantes afectados queden solos en sus demandas y evitar que el litigio en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se dilate y carezca de sentido dada la avanzada edad de muchos de los afectados.
