El Diario Oficial de Galicia (DOG) del 15 de mayo de 2026 publica la primera orden autonómica que –con un presupuesto inicial de 1,5 millones de euros– está destinada a rehabilitar viviendas en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para luego alquilar o ceder su uso a personas contratadas por empresas que cuenten con centros de trabajo en Galicia. Con plazo de solicitud abierto desde el 16 de mayo hasta el próximo 15 de julio, esta convocatoria bianual (2026-2027) conjunta de las consellerías de Emprego, Comercio e Emigración y de Vivenda e Planificación de Infraestruturas busca dar respuesta tanto a las necesidades de mano de obra del tejido productivo –priorizando sectores estratégicos– como a las de acceso a la vivienda de las personas trabajadoras, al tiempo que se avanza en la fijación de población y en la vertebración del territorio gallego.
Podrán beneficiarse de las ayudas los propietarios, usufructuarios o cesionarios del uso de esas viviendas por un plazo mínimo de 10 años, ya sean las propias empresas que contratan o personas físicas o jurídicas y ayuntamientos que se comprometan con ellas a destinar los inmuebles que rehabiliten a sus trabajadores. Para garantizar la cobertura de las vacantes laborales echando mano –cuando sea necesario– de la atracción del talento exterior, se valorará que las viviendas sean para personas contratadas en el marco del Programa Retorna Cualifica Emprego –que tiene abierto el plazo de solicitud de la convocatoria 2026-2027– o tras haber sido beneficiarias de las Bolsas Excelencia Mocidade Exterior (BEME).
Requisitos y valoración
El orden contempla dos líneas. Por un lado, la destinada tanto a las empresas como a las personas físicas o jurídicas que se comprometan con ellas a destinar las viviendas que rehabiliten a sus personas trabajadoras, dotada con 750.000 euros. Por otra, la dirigida a los ayuntamientos que también suscriban con las empresas el oportuno instrumento jurídico, con otros 750.000 euros. Del montante total de 1,5 millones de euros, 600.000 euros corresponden a la presente anualidad y los restantes 900.000 euros a la de 2027.
Las ayudas podrán destinarse tanto a la rehabilitación de viviendas unifamiliares como de edificios residenciales colectivos inacabados o que se encuentren en situación de esqueleto inmobiliario. Se incluye como subvencionable la terminación y/o ampliación de los inmuebles y las obras de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad o eficiencia energética, e incluso actuaciones preparatorias como informes técnicos o gastos de tramitación. A mayores de la ayuda para la rehabilitación, los interesados podrán solicitar la contratación del seguro de impago del alquiler o cesión de uso.
En cuanto a las ayudas máximas, en el caso de que se rehabilite una vivienda unifamiliar la cuantía podrá alcanzar hasta el 95% del presupuesto protegido de las obras, sin que en ningún caso puedan superar los 50.000 euros por vivienda rehabilitada en el caso de la línea de empresas y personas físicas o jurídicas, y de 75.000 euros si el solicitante es un Ayuntamiento. En los edificios residenciales, la cuantía podrá alcanzar también hasta el 95% del presupuesto protegido de las obras, sin que en ningún caso puedan superar los 30.000 euros por cada una de las viviendas que formen parte del inmueble, ni la cantidad conjunta para todo el inmueble de 300.000 euros. Esto es, se puede cubrir hasta un máximo de 10 ayudas en este caso.
Cabe añadir que a la hora de puntuar las solicitudes, y más allá de la mencionada valoración de las personas beneficiarias del Retorno Cualifica Emprego y de las BEME como destinatarias finales, se tendrán en cuenta otras cuestiones como que las viviendas sean para trabajadores de sectores estratégicos para Galicia, en especial el de la automoción, naviera, metalmecánico, textil-moda, TIC e industrias culturales, así como las actividades agroalimentarias, pesquerías, forestales o de cuidados de mayores, por su contribución al desarrollo económico, a la cohesión territorial y la fijación de población. A mayores, se evaluará la distancia entre los inmuebles y los centros de trabajo correspondientes –no pudiendo acogerse a ayuda los situados a más de 15 kilómetros–, el tamaño poblacional del municipio y su evolución demográfica en los últimos diez años –así como que la vivienda se ubica en un área Rexurbe– o las condiciones de sostenibilidad de la rehabilitación, mejorando la eficiencia energética o empleando materiales de bajo impacto ambiental y técnicas de construcción sostenible.
