El titular del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, señaló el pasado 26 de febrero que el reparto de la deuda autonómica entre todos los españoles supondrá que cada gallego deba pagar 220 euros más. Además, señaló que la deuda mutualizada a Galicia “no desaparece”, se suma a la de otras comunidades autónomas y se incrementa la que “pasa a tener cada gallego”.
Durante la sesión de control en el Pleno del Parlamento de Galicia, el presidente de la Xunta señaló que la mutualización de los 4.000 millones de euros de deuda autonómica no implica la transferencia directa de esos recursos y que pasen a estar a disposición de la Xunta de Galicia. Con esta medida, parte de la deuda de todas las autonomías pasaría a estar asumida por la Administración General del Estado, pero las comunidades no contarían con nuevos recursos y únicamente ahorrarían el pago de parte de los intereses, que en el caso de Galicia supondría 42 millones de euros anuales.
Rueda recordó que la prioridad de Galicia no es la mutualización de una deuda que puede asumir, sino una financiación autonómica que permita financiar los servicios públicos y garantizar su calidad. En este sentido, Rueda recordó que cada mes el Gobierno de España no actualiza las entregas a cuenta, Galicia tiene “127 millones de euros menos”, urgiendo a poner estas cifras al día “lo antes posible”.
Posteriormente, el 27 de febrero, en una comida-coloquio organizada por el Nordés Club Empresarial, el titular del Gobierno gallego reiteró que Galicia precisa un nuevo modelo de financiación pactada con el Estado mediante el diálogo con todas las comunidades autónomas para disponer de un mínimo de 500 millones de euros más al año, que es el sobrecoste derivado de la dispersión y envejecimiento que no cubre el actual sistema de reparto.
600 millones más de deuda
Por su parte, el conselleiro de Facenda e Administración Pública, Miguel Corgos, subrayó el 25 de febrero en el Parlamento gallego que la propuesta de condonación supondría para Galicia asumir cerca de 600 (597) millones de euros más de deuda. Aunque la quita reduciría la deuda autonómica en 1.477 euros por habitante, habría que asumir la estatal, que asciende a 1.699 euros por habitante, por lo que se incrementaría en 220 euros para cada gallego.
En respuesta a una pregunta en el Parlamento sobre la no actualización de las entregas a cuenta para el año 2025, el responsable de la hacienda gallega destacó que esta falta de actualización está suponiendo un gran perjuicio económico para Galicia, aún superior al del ejercicio pasado, ya que la cifra de referencia que está empleando el Gobierno central no es, ni siquiera, las entregas a cuentas actualizadas en septiembre de 2024, sino las iniciales de ese año.
Así, el año pasado la Comunidad gallega tuvo que hacer frente a costes financieros de más de 10 millones de euros. La situación se está repitiendo este año, con lo que la cantidad podría llegar a los 14 millones de euros más en gastos financieros al final de año.
También subrayó que, de persistir este retraso en el tiempo, podría verse afectado también el período medio de pago a los proveedores. “Algo que intentaremos evitar”, dijo, recordando que Galicia siempre está entre las comunidades que pagan con más agilidad a sus proveedores, ayudando a la liquidez de los autónomos, pymes y empresas que prestan sus servicios.
El conselleiro de Facenda lamentó que el Gobierno central esté utilizando la financiación de las administraciones territoriales de manera partidaria y como moneda de cambio para sus acuerdos, como si pudiese disponer discrecionalmente de los recursos que financian los servicios públicos gallegos.
Además, Miguel Corgos advirtió que los retrasos en las actualizaciones de las entregas a cuenta suponen para Galicia un coste de un millón y medio de euros en intereses cada mes. Y reiteró la petición de actualización inmediata de las entregas a cuenta.
