La Xunta asumirá la cobertura total del bono de alquiler social de los colectivos más desfavorecidos mientras se mantenga el estado de alarma

Y se pondrá en marcha un programa de voluntariado para que los agentes medioambientales realicen tareas en el rural gallego en este periodo

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, anunció el pasado día 27 en la rueda de prensa del Consello que la Xunta asumirá la cobertura total del bono de alquiler social de los colectivos más desfavorecidos mientras se mantenga el estado de alarma de la crisis del Covid-19. Y subrayó que esta medida implica asumir la parte de la renta que no cubre el Bono de alquiler social.

Después de precisar que esta iniciativa beneficiará a 700 familias, el titular de la Xunta destacó además la autorización de la convocatoria de las ayudas en 2020 para vivienda a víctimas de violencia de género, a través de la concesión del Bono de Alquiler Social, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. Un colectivo que, añadió Feijóo “no puede esperar”.

Esta orden, dotada con un presupuesto de más de 2 millones de euros, tiene como objetivo atender con carácter urgente a las mujeres víctimas de violencia de género, en una relación de convivencia y de dependencia económica de su agresor. O, en el caso de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, de dependencia de la persona que mantenga sobre ella una relación de dominación.

Tendrán también esa consideración las mujeres que sufran el asesinato de sus hijos o hijas a manos del maltratador. Así como las hijas y hijos menores de 30 años de las víctimas mortales por violencia de género que se encuentren en una situación de dependencia económica de la madre o del agresor, en el momento del fallecimiento de la víctima.

El Bono de alquiler social para víctimas de violencia de género tendrá un importe de 225, 200 o 175 euros, según el ayuntamiento en el que se encuentra la vivienda alquilada. Y, equivale al 50% del importe máximo que puede conseguir el precio del alquiler de la vivienda en cada zona.

El Bono se concederá por un período de doce meses, prorrogable dos veces por la misma duración, de manera que podrá llegar hasta un total de tres años. Y se podrá solicitar una ayuda complementaria de hasta 600 euros, para el supuesto de la inmediata formalización de un contrato de alquiler.

Por otra parte, y en lo tocante a los adjudicatarios de las viviendas de promoción pública del Instituto Galego da Vivenda e Solo en régimen de alquiler, y a los locales comerciales de su propiedad alquilados a particulares y asociaciones, Feijóo destacó la decisión de la Administración autonómica de no girar los recibos desde abril, y mientras se mantenga la actual situación de estado de alarma.

En esta línea precisó que de este aplazamiento podrán beneficiarse más de 3.500 familias, alojadas en viviendas de promoción pública del Instituto Galego da Vivenda e Solo; así como los inquilinos de 42 locales comerciales alquilados también por esta entidad.

Garantizar los servicios básicos en el rural

El presidente de la Xunta anunció además que cerca de 150 efectivos medioambientales podrán sumarse a un programa de voluntariado para realizar tareas que garanticen las distintas necesidades que puede haber en el rural gallego.

El objetivo es tener una bolsa de agentes medioambientales que se puedan incorporar a los programas y servicios que se demanden en el rural. Además, podrán llevar a cabo actuaciones de vigilancia de los caminos rurales y espacios naturales para hacer cumplir las medidas de confinamiento decretadas por el estado de alarma.

A lo largo de su intervención, Feijóo recordó que los agentes ambientales y los bomberos forestales del Servicio de prevención y defensa contra los incendios están actuando como un servicio de asistencia a emergencias en el rural en esta situación excepcional, centrándose en la desinfección de instalaciones de aquellos ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Así, a día de hoy, se han desinfectado de manera preventiva los exteriores de las residencias de mayores y de discapacitados internos, centros de salud y otras áreas del rural, especialmente concurridas, de 150 ayuntamientos de las cuatro provincias gallegas.

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