El conselleiro de Facenda eAdministración Pública, Miguel Corgos, advirtió el pasado 24 de septiembre de que la salida de Cataluña del Régimen común -mendiante el cupo pactado por el PSOE con ERC- supondría un mayor perjuicio para Galicia, una vez conocidas las cifras definitivas de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica para el 2022. Galicia perdería 628 millones de euros en relación a lo que recibió en ese año, el último con datos cerrados.
Durante su participación en el desayuno-coloquio organizado por la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) con la Autoridad Independiente de Responsabilidade Fiscal (AIReF), Miguel Corgos incidió en que aunque las primeras estimaciones, con cifras de 2021, hablaban de 444 millones de euros, una vez el Ministerio de Hacienda publicó la actualización del 2022, la cifra asciende a 628 millones de euros.
Miguel Corgos también urgió al Gobierno central a determinar las normas fiscales que hay que aplicar de acuerdo con el nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea, vigente desde el pasado 30 de abril.
El conselleiro de Facenda afirmó que la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas depende de cuatro grandes reformas que “el Gobierno de Sánchez pospone sine die”, dijo, refiriéndose a la reforma tributaria, a la reforma del sistema de financiación autonómica y local, a la reforma de los mecanismos de financiación extraordinarios y a la reforma de la ley de estabilidad presupuestaria y del marco de gobernanza fiscal interno para, entre otras cosas, adaptarlo al nuevo marco europeo.
“Mientras no se afronten estas cuatro grandes políticas de país las comunidades estamos abocadas a un marco de máxima inestabilidad para la gestión de nuestras competencias”, afirmó, recordando que el nuevo marco se centra en mayor medida en medio plazo, con un plan plurianual presentado por cada Estado miembro, combinado con un control del cumplimiento más realista, efectivo y coherente.
Asimismo, subrayó que la UE busca además garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo, con el saneamiento gradual de las haciendas públicas, pero impulsando también reformas e inversiones hacia la transición ecológica y digital y la cohesión social, en un contexto de déficits controlados.
El conselleiro de Facenda e Administración Pública concluyó insistiendo en la necesidad de una mayor transparencia y comunicación por parte del Gobierno central. “No hubo información sobre la senda nacional que proponer a la Comisión; no hubo información ni debate sobre cómo se repartirá la tasa de variación del gasto dentro de los subsectores de administración; y no se realizó una adaptación de la gobernanza fiscal a las nuevas reglas”, precisó.
Informe técnico del Foro Económico de Galicia
Posteriormente, el 4 de octubre, Miguel Corgos volvió a advertir de los perjuicios para Galicia de la generalización del sistema de concierto, tal y como alertan los expertos en un informe técnico presentado por el Foro Económico de Galicia que incide en las pérdidas económicas para la Comunidad gallega de la extensión de las cuotas por territorio.
El conselleiro de Facenda asistió al foro El mercado único y la competitividad europea, dentro de las actividades de la VI Edición Foro La Toja, donde recalcó que las cifras del informe Sobre el Impacto Económico para Galicia de la Extensión de los Sistemas de Concierto elaborado por expertos del Foro Económico de Galicia avalan los cálculos hechos por su propio departamento. De este modo, la salida de Cataluña del Régimen común supondría que Galicia vería reducidas las transferencias comunes en 634 millones de euros, mientras que la generalización de este sistema a toda España supondría para Galicia perder más de 2.100 millones de euros al año.
Después de lamentar que en Galicia haya grupos políticos que defiendan la aplicación de un sistema de concierto para la Comunidad ante estas cifras, el responsable de Facenda insistió en que el Sistema de Financiación Autonómico debe ser negociado de manera multilateral con todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, evitando todo tipo de acuerdos bilaterales y que tendrá que aportar a Galicia más recursos para contar con mayor capacidad financiera, atendiendo a los costes diferenciales que tiene la Comunidad en temas como la dispersión o el envejecimiento.
“Apostamos por que el sistema reconozca esa diferencia de costes, además de que se aporten más recursos, porque la diferencia entre la financiación global de las comunidades y la recaudación tributaria global también es cada vez mayor. Las políticas públicas autonómicas -sanidad, educación y política social- crecen a un ritmo más elevado de coste que el resto de las políticas públicas”, precisó, incidiendo en la necesidad de un reparto equitativo entre todas las comunidades autónomas, marcando unas reglas de convivencia de financiación que garanticen que todos los españoles tienen acceso a los mismos servicios en condiciones de igualdad, independientemente de donde residan.
Retrasos del Gobierno central
Por otro lado, los retrasos del Gobierno central en el pago de las entregas a cuenta a la Xunta le costaron a los gallegos 10,3 millones de euros en intereses. La falta de liquidez producida por este retraso obligó al Gobierno gallego a suscribir pólizas de crédito, con el consiguiente coste financiero en incremento de deuda.
Las líneas de crédito que tuvo que utilizar la Tesorería de la Comunidad ya fueron devueltas y no hay previsión de que se tengan que volver a emplear en lo que resta de año. El Estado ingresó en septiembre el importe mensual actualizado de las entregas a cuenta, pero aún se demoró hasta hace unos días en el abono de los retrasos.
En el primer semestre de este año se inyectaron 6.976 millones de euros de liquidez en la economía de Galicia, una cantidad que representa el 9% del PIB autonómico. Así se desprende del informe de pagos de la Administración autonómica elaborado por la Consellería de Facenda e Administración Pública.
Según el documento, en este primer tramo del año se destinaron más de 4.000 millones de euros a atender gastos como las nóminas del personal de la Xunta -el 80% se destinan al pago del personal de la Consellería de Educación y del Servizo Galego de Saúde-; las universidades; el pago de los gastos de farmacia y, a mayores, 219 millones para las corporaciones locales, entre otros.
El informe destaca también que el Ejecutivo gallego sigue siendo una de las administraciones que está pagando con mayor agilidad a sus proveedores y, en este momento, está atendiendo sus compromisos en una media por debajo del límite de 30 días que establece la normativa estatal.
Así, Galicia cerró el primer semestre de 2024 pagando 13 días más rápido que la Administración del Estado y 16 días que la media de las comunidades. Unas cifras que ponen de manifiesto que la Xunta sigue dando prioridad a los pequeños proveedores, a los empresarios autónomos, a las pequeñas y medianas empresas y a las entidades sociales con el fin de aportar liquidez a estos colectivos.
