La valedora do Pobo de Galicia, Milagros Otero, considera que “la eliminación de las trabas burocráticas existentes para el reconocimiento de las prestaciones y ayudas en tanto continúe el impago de pensiones por Venezuela es una necesidad acuciante para los pensionistas gallegos, muchos carentes de recursos económicos alternativos para su subsistencia”.
Así se recoge en el Informe Anual 2017 de esta institución que fue entregado por Milagros Otero al presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el pasado 13 de abril.
En el documento también se recomienda que las administraciones competentes tomen las medidas necesarias para facilitar el acceso a las ayudas a este colectivo puesto que “la privación del derecho a la pensión venezolana afecta a muchos gallegos y es manifiestamente injusta”.
En el Informe Anual 2017 se dedica un apartado al agravamiento de las situaciones consecuencia del prolongado impago de las pensiones de Venezuela en el que se señala que “siguen llegando numerosas quejas por la falta de pago de las pensiones venezolanas, que ya se prolonga más de dos años, por lo que la situación de los afectados es desesperada”.
Desde la institución del Valedor do Pobo indican que el principal problema de los afectados fue el planteamiento inicial de algunas administraciones que consideraron, y en algunos casos siguen considerando, que estas personas cuentan con rentas (la pensión venezolana) que en realidad no perciben.
Exigen medios de prueba imposible o muy difícil para adaptar sus decisiones a la realidad del prolongado impago. De esa forma no se reconocen prestaciones económicas y/o ayudas, lo que en muchos casos derivaba en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.
Para afrontar el problema en el ámbito autonómico la valedora mantuvo contactos con la Consellería de Política Social, que se comprometió a abordar el problema cuando compruebe la exclusión social o el riesgo de ella y a hacerlo con urgencia.
Por este motivo, desde la institución se indicó a todos los reclamantes que si como consecuencia del impago de su pensión venezolana habían estado afectados por situaciones de vulnerabilidad podrían reclamar las ayudas que concede la Consellería de Política Social. “Esta debería tramitarlas de forma urgente y la prueba de la situación podría consistir en un certificado bancario de la falta de los ingresos, tal y como tratamos con la Consellería. Conocemos situaciones en las que está aplicándose ese compromiso”, se indica en el informe. En el ámbito estatal, la valedora do Pobo pidió que los órganos de la Administración del Estado apliquen criterios más flexibles para afrontar los graves problemas de las personas que no cobran las pensiones venezolanas. El Defensor del Pueblo dirigió tres recomendaciones a la Seguridad Social para facilitar el acceso a las prestaciones.
Uno de los requisitos más problemáticos, tanto en el campo autonómica como en el estatal, es que la normativa actual exige a los afectados demostrar el impago y el organismo oficial venezolano se niega a reconocerlo. Tanto el defensor como la valedora consideran que debería bastar con medidas de prueba sencillas o realistas, y no con condiciones que no están en la mano de los afectados.
Revisar de oficio
También se instó a las autoridades estatales a revisar de oficio los requerimientos de reintegro emitidos por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) por cobros indebidos de complementos a mínimos o las reducciones de estos complementos en los años en los que Venezuela no pagó las pensiones.
Por último, en el Informe se indica que desde el Valedor do Pobo se intentó la colaboración con el Defensor del Pueblo de Venezuela, “pero ni él ni ninguna autoridad venezolana respondieron a las reclamaciones de rápida solución de esta injusta situación”.
En Marea la critica por dedicar demasiado tiempo a este problema
La valedora do Pobo, Milagros Otero, presentó el Informe Anual 2017 ante la Comisión de Peticións del Parlamento de Galicia el pasado 26 de abril. En la sesión, la diputada de En Marea Luca Chao criticó duramente la intervención de la valedora al considerar que dedicaba demasiado tiempo a la difícil situación que padecen los gallegos retornados de Venezuela que llevan varios años sin cobrar la pensión del país y se encuentran sin ningún ingreso.
“Dedica más espacio en la introducción a hablar de los pensionistas de Venezuela que de la situación dramática de la sanidad o de los servicios sociales”, afirmó Luca Chao que acusó a la valedora de actuar con “arbitrariedad”, siguiendo las instrucciones del PP y como “parapeto” del Gobierno de la Xunta. La diputada de En Marea en ningún momento se refirió a los afectados por los impagos del Gobierno venezolano e incluso criticó que la valedora calificara su situación de “manifiestamente injusta”.
