La secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Hana Jalloul, desgranó en 3 minutos el presupuesto que en 2021 dedicará su departamento a la ciudadanía española en el exterior. Así lo hizo en su comparecencia ante la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso celebrada el viernes 6 de noviembre. Los representantes de los partidos que acudieron –PSOE, PP, Vox, Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya– prácticamente tampoco hicieron mención en sus intervenciones a las políticas relacionadas con los españoles en el exterior. Solo se refirieron a este asunto el representante del PP, José Ortiz, que preguntó por el nuevo plan de retorno, y el del PSOE, Luc Andre Diouf, que elogió las cuentas.
Al comienzo de su intervención, la secretaria de Estado de Migraciones dejó claro que el presupuesto de su departamento para 2021 tiene “un marcado carácter social”, que su intención es desarrollarlo a través de un “modelo de gestión eficiente, diversificado y autónomo” que estará sustentado en “la eficiencia, los datos, la innovación y la digitalización de las políticas públicas”.
Hana Jalloul también concretó que uno de los objetivos centrales y prioritarios es “garantizar la protección social de los emigrantes españoles y retornados que carecen de recursos”.
En los tres minutos escasos que la secretaria de Estado dedicó al presupuesto del programa 231B Acciones en favor de los emigrantes indicó que la cuantía de este programa aumentará un 2,7% respecto al de 2020 (que es el presupuesto prorrogado de 2019 que a su vez es el prorrogado de 2018) hasta los 61 millones de euros (60.968.450 euros) y que en algunas partidas concretas el incremento es mucho mayor, como el de las pensiones asistenciales a españoles de origen retornados, que se cuadriplican al pasar de 1,7 a 6,7 millones de euros.
Destacó también que se mantienen las prestaciones por razón de necesidad a españoles en el exterior mayores de 65 años con escasos recursos y a quienes están incapacitados para el trabajo, que se sitúan en 45,8 millones de euros, y también se mantiene la prestación para niños de la guerra.
Como novedad, se recoge una partida de 500.000 euros para un nuevo plan de retorno que contendrá, según dijo, “actuaciones para promover y facilitar el retorno de españoles residentes en el exterior emigrados por crisis económicas o segundas generaciones”. Según indicó, todavía no se ha concretado ya que “estamos trabajando en un estudio importante” para elaborar dicho plan de retorno.
Además de las referencias a las partidas concretas, Hana Jalloul recalcó que la atención a la ciudadanía en el exterior es una de las prioridades de la Secretaría de Estado de Migraciones. “No me cansaré nunca de remarcar que nosotros, desde la Secretaría de Estado de Migraciones, trabajamos con nuestros españoles en el exterior a los que prestamos mucha atención, como no puede ser de otra manera”, afirmó.
Nuevo sistema y más digitalización pero sin concretar
Respecto al desarrollo de las políticas hacia el colectivo, Jalloul señaló que el punto de partida es “un modelo descentralizado, con autonomía y flexibilidad en la concesión de prestaciones» y que su intención es pasar a un nuevo sistema en el que se “centraliza la concesión de prestaciones conforme a criterios objetivos”.
También insistió en que la digitalización de los procesos “permitirá un vínculo directo entre los solicitantes de las prestaciones y la Secretaría de Estado” y que, en definitiva, “se trata de modernizar la administración y que todo el mundo conozca sus derechos y cómo puede acceder a sus prestaciones, lo que va a producir un acercamiento entre la administración y los ciudadanos españoles en el exterior”.
Al mismo tiempo, indicó que se realizará una “homogeneización” de los procesos de concesión de ayudas públicas, que se establecerán “criterios objetivos y rigurosos en la concesión de las ayudas” y se centralizará la gestión y la información lo que “facilitará la evaluación constante del sistema”.
Sin embargo, no concretó en qué se materializará esta declaración de intenciones y cómo afectará a los españoles en el exterior, si acaso se va a modificar la regulación de las prestaciones por razón de necesidad o si aumentarán los requisitos a los solicitantes de prestaciones o si se creará una plataforma digital de gestión de ayudas…
Buena noticia, aunque no creo que nada cambie para los descendientes. Muchas veces me he preguntado por qué no se nos reconoce el derecho a acceder a la nacionalidad de nuestros ancestros. Algunas veces pensé que tenían miedo de una supuesta «invasión», pero después de ver lo que pasa con las miles de pateras que llegan con indocumentados lo descarto. Incluso, así quedó demostrado con lo que ocurrió con la ley de memoria histórica, donde lejos se estuvo de un descontrol migratorio. Y ni hablar del problema de natalidad que aqueja a España. ¿Será, en cambio que se debe a un «grave» problema de presupuesto? Linda excusa, pero 2 millones de euros está muy lejos de representar una erogación que ponga en jaque a las finanzas españolas; además, los costos pueden ser perfectamente transferibles a los descendientes. ¿Que hay entonces por debajo de todo esto? No hace mucho, leí unos mensajes que alertaban de la llegada a migraciones de funcionarios ligados a bufetes de extranjería. Hasta hace poco, no fue una noticia que tomase muy en serio. Pero hace pocos días eso cambió. Como muchos saben, el acceder legalmente a España para la mayoría de descendientes solo puede ser viable a través de una serie de complicados permisos de residencia. Todos ellos, de alguna u otra forma, implican una erogación monetaria muy elevada si decidimos contratar profesionales. Y muchas veces no nos queda otro camino, ya sea porque los consulados, más ahora en pandemia, poco y nada quieren hacer, o bien porque hay trámites que solo se pueden hacer en territorio español y se nos complica viajar para concretarlo. En mi caso, estos obstáculos hicieron que pudiese una consulta a un bufete en España. Cuando me resupuestaron más de mil euros por un trámite nada complejo, teniendo toda la documentación para presentar, ahí me di cuenta que detrás de esta negación de nuestro derecho de nacionalidad hay un enorme negocio. Los descendientes, en la búsqueda de querer trazar un vínculo legal con la tierra de nuestros padres y abuelos, involuntariamente sostenemos la maquinaria burocrática que permite desarrollar el negocio de los permisos de residencia y todo tipo de gestión de documentación relacionados con ello. Por esto, sostengo que si bien llegará algún día el reconocimiento del ius sanguinis, esto no se concretará pronto. Todavía hay tiempo para que nos sigan utilizando a fin de continuar alimentando este apetecible negocio, y para que los partidos españoles en la oposición traten de ganarse el apoyo de los hispanoamericanos que esperan la reunificación familiar. Somos carne de cañón, y cuando antes nos demos cuenta de ello, más rápido podremos cambiar esta situación.