El pasado 24 de mayo publicábamos, bajo el titulo (ahora cercenado) “La riqueza de los montes de Galicia”, unas consideraciones sobre lo necesidad de articular una nueva Ley de Montes Vecinales en Mano Común que afecta a una cuarta parte del territorio de la Comunidad Gallega. Y alertábamos para que en esa nueva ley participasen, de manera muy especial, aquellos a los que les va a afectar la norma que en un futuro entre en vigor. Y entre ese colectivo afectado, no cabe duda que están los emigrantes gallegos.
Desgraciadamente tanto a los emigrantes gallegos como al resto de emigrantes españoles se les ofrecen escasos medios legales para participar en las decisiones que conforman el Cuerpo Legislativo que conforma nuestro Ordenamiento Jurídico que vela por el interés general.
“…Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general” (art. 128 de la CE). Pero, hasta ahora, el interés general del país no cuenta con la voluntad de los emigrantes, porque solo un escaso 3% de su colectivo ejerce el derecho a votar
Es posible que el título de este artículo parezca forzado o incongruente, porque no sé muy bien qué tienen que ver los montes vecinales de Galicia (figura histórica de esta Comunidad, aunque también existe en algunos puntos de las comunidades limítrofes) con la emigración. Pero si se hubiesen programado adecuadas políticas forestales y se hubiesen desarrollado actividades que, preservando la integridad de los montes, captasen mano de obra, es posible que se hubiese evitado esa emigración forzada que tanto daño ha hecho al entramado societario de este país
El pasado día 9 de junio se aprobó el texto para la reforma del voto rogado, con los votos favorables de todos los diputados del Congreso, excepto un voto en contra (parece que este último lo fue por un despiste que merecería rebaja de sueldo y escalafón) y dos abstenciones. Sin embargo, para que esta medida se haga efectiva, es necesario que se supere la discusión y aprobación en el Senado, y que la reforma se sancione, se publique y entre en vigor con su publicación en el BOE. Es decir, que nos queda un año
Pero que, ni el Gobierno ni de la oposición se irroguen este hito, porque todo ha sido gracias a la constancia y trabajo de la emigración que, con escasos medios y sometida a múltiples escollos y desplantes, ha sabido mantener una constante lucha para que se reconozca un derecho que es consecuencia de los principios declarados en los Capítulos II y III del Título I de nuestra Constitución. Y ahora, este camino de lucha ha de perseguir que la votación electrónica sea una pronta realidad, pese a las alarmas de inseguridad que se proclaman, porque si podemos enviar dinero por bizum ¿por qué no podemos enviar un voto por similar sistema?
Ricardo Martínez Barros es el fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.
