La Comisión Europea anunció la apertura de un expediente a España por la extensión de la concesión hasta 2048 de la autopista AP-9, en Galicia, sin lanzar una licitación pública, atendiendo así una demanda presentada por el colectivo vigués de usuarios En-Colectivo. Considera ilegal este hecho y ahora el Gobierno de España tiene un plazo de 2 meses para alegar.