La propuesta de financiación del Gobierno central supone para Galicia un perjuicio de casi 1.000 millones de euros

La Comunidad pasaría a estar peor financiada que nunca y sin recursos para prestar los servicios públicos precisos

El modelo de financiación autonómica y la condonación de la deuda propuestas por el Gobierno central suponen un perjuicio para los gallegos de casi 1.000 millones de euros, 600 millones de incremento de la deuda y 305 millones menos que la media de las comunidades españolas de régimen común en la propuesta del Sistema de Financiación Autonómica (SFA).

La supuesta condonación de la deuda ofrecida por el Gobierno es una mutualización de la misma, porque aunque baja la deuda autonómica en 4.000 millones de euros, sube la participación de la población gallega en la deuda del Estado en 4.600 millones de euros. Además, en la propuesta del nuevo modelo de financiación, Galicia recibiría 305 millones de euros menos de la media de las comunidades de régimen común. El modelo, que aumentaría la financiación autonómica en 21.000 millones, según anunció la ministra de Hacienda, destina un 2,8% a Galicia, que representa el 6% de la población general y el 6,5 % de la población ajustada. Por todo ello, Miguel Corgos calificó la oferta como “especialmente perjudicial para nuestra Comunidad”.

El conselleiro de Facenda e Administración Pública compareció el pasado 27 de enero en el Parlamento de Galicia para explicar el rechazo del Gobierno gallego ante la propuesta de un nuevo modelo del Sistema de Financiación Autonómica. Miguel Corgos explicó que en ella se sustituye la solidaridad por la ordinalidad, por lo que las comunidades autónomas recibirían recursos en función de lo que aportan al fondo común, en lugar de hacerlo en función de lo que precisan para prestar los servicios públicos para la ciudadanía en condiciones de igualdad.

De este modo, afirmó que la Comunidad gallega pasaría a estar peor financiada que nunca, al situarse la financiación de los territorios con mayor capacidad recaudatoria por encima de la media. Por vez primera, el modelo no garantiza la discriminación positiva para los territorios con más necesidades, sino que favorece a quien tiene mayor capacidad tributaria.

Para el conselleiro de Facenda esto es el resultado de una propuesta que está hecha “a medida para una comunidad” lo que supone un agravio para las otras, “porque lo que es de todos se tiene que repartir entre todos”, siguiendo criterios de equidad y solidaridad interterritorial para que, “cualquier español, con independencia de su lugar de residencia, pueda acceder a unos servicios públicos de calidad y en igualdad de condiciones”.

Miguel Corgos rechazó un modelo que “penaliza a Galicia”, dándole menor peso en la ponderación de la dispersión y del envejecimiento; con la creación de dos fondos discrecionales de los que Galicia solo recibe poco más del 1% del total, y con la aportación de recursos “no solo insuficientes, sino menos de los que dicen”, ya que la cantidad a mayores respecto del sistema actual no sería de 21.000 millones de euros sino de 16.000 millones, al ir incluidos impuestos que ya recaudan las comunidades autónomas. Por lo tanto, para Galicia no serían 587 millones de euros, sino menos de 400 millones de euros. En conclusión, “pasaríamos de estar un poco por encima de la media (103%) a estar muy por debajo (96%), en las últimas posiciones”.

El responsable de la Hacienda gallega quiso aclarar que no se trata de una postura partidista, puesto que todas las comunidades autónomas rechazan la propuesta, ya que “atenta contra la igualdad y la solidaridad reconocidas en la Constitución Española”. Además, varios organismos independientes, como el Foro Económico de Galicia o Fedea consideran que la propuesta es mala, como también denunció el ex presidente de la Xunta, Emilio Pérez-Touriño.

Por lo tanto, Corgos pidió a los grupos parlamentarios que exijan al Gobierno central que retire la propuesta y que luchen por un modelo que premie la buena gestión, “pues la responsabilidad fiscal y la gestión eficiente del gasto son pilares inseparables de un sistema justo y sostenible en el tiempo” y que reconozca la dispersión y el envejecimiento de la población como factores “objetivamente más costosos para la prestación de los servicios” en la Comunidad gallega.

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