El juez Juan Carlos Peinado dio por cerrada la instrucción de la causa el 13 de abril y procesó a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En un auto, el magistrado archivó las actuaciones por el delito de intrusismo profesional y continuó el procedimiento contra Cristina Álvarez, asesora de Gómez, por los mismos delitos y contra el empresario Juan Carlos Barrabés por los dos primeros.
El juez insiste en que Begoña Gómez se siente ante un jurado popular para que sentencie si ha cometido estos delitos. Tanto la Fiscalía como la defensa de los acusados pidieron en la comparecencia celebrada el 1 de abril el sobreseimiento de la causa.
Al presidente del Gobierno esta resolución le pilló de viaje en China, acompañado de su mujer, y en la rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente de China, Pedro Sánchez dijo: “lo que le pido a la Justicia es que haga justicia”. Además, afirmó estar “convencido de que el tiempo va a poner todo y a todos en su sitio”.
Caso mascarillas
Otro de los frentes abiertos contra el entorno de Sánchez es el juicio por el caso mascarillas contra su exsecretario de Organización en el PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Durante las primeras sesiones de la causa en el Tribunal Supremo, las declaraciones de varios investigados volvieron a situar en el centro del debate la presunta existencia de una trama de financiación irregular vinculada al PSOE.
La empresaria Carmen Pano ratificó su versión sobre la supuesta entrega de 90.000 euros en metálico en la sede socialista de la calle Ferraz, en Madrid, en octubre de 2020, a petición del empresario Víctor de Aldama. Un amigo que la acompaño confirmó posteriormente su versión, y que el dinero fue llevado previamente a la oficina de Aldama desde la que, según su testimonio, se le indicó que debía trasladarse a la sede del PSOE.
Además, la empresaria afirmó que se le trasladó que Ábalos habría expresado interés en recibir una vivienda como contraprestación por su intermediación en la concesión de una licencia. Así, se habría adquirido un chalet en La Alcaidesa (Cádiz), supuestamente destinado a su disfrute. Y la hija de Pano deslizó ante el Tribunal una presunta mordida de medio millón de euros que la trama recibió de Air Europa por el rescate autorizado por el Consejo de Ministros.
Pano está siendo investigada en la Audiencia Nacional en el marco de un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos, un caso en el que también figura como imputado Aldama y en el que se investiga el papel de otros empresarios como Claudio Rivas, vinculado a la sociedad Villafuel.
Adamuz y apagón
Por otro lado, un informe de la Guardia Civil reveló las negligencias de Adif en el trágico accidente de tren de Adamuz (Córdoba) que se saldó el 18 de enero con 46 fallecidos y cientos de heridos. La rotura de la vía -por la soldadura- se produjo un día antes, pero el sistema no alertó porque no estaba preparado para detectarlo. En el documento, incorporado a la causa judicial, también se pone de manifiesto que la soldadura se efectuó sin la supervisión de inspectores cualificados; y que los trabajadores de las tareas de auscultación de la vía no tenían los años de experiencia exigidos legalmente.
Tres meses después de la tragedia, las víctimas se manifestaron el 15 de abril frente al Congreso de los Diputados para “que se conozca toda la verdad sobre lo sucedido”, se atienda a los afectados de “forma eficaz y digna” y “seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas” del descarrilamiento. “Las familias y afectados seguimos reclamando tras meses de interrogantes, transparencia, responsabilidades y garantías de que un accidente de estas características no vuelva a repetirse”, señalaron.
Por último, cabe señalar que nuevas grabaciones sobre el apagón del pasado 28 de abril enviadas a la Comisión que lo investiga en el Senado desvelaron que Red Eléctrica sabía tres meses antes que el sistema estaba fallando. Las conversaciones prueban cómo, a principios de 2025, diversas empresas empezaron a alertar de oscilaciones preocupantes.
