La Mesa de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, en la que tienen mayoría el PSOE y Sumar, ha admitido que se tramite la enmienda de este último partido que pretende blindar el derecho a voto de los nacionalizados a través de la Ley de Memoria Democrática.
Esta decisión se toma en contra del criterio de los letrados del Congreso que, en su informe sobre las enmiendas registradas al proyecto que modifica dicha la Ley Orgánica de Educación, indican que la enmienda de Sumar no guarda la necesaria “congruencia” con la materia de la ley que se pretende enmendar.
En su informe, los letrados señalan que la enmienda se presentó sin justificación y que su contenido “resulta incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto de ley que pretende enmendar”. Añaden que “no existe […] el mínimo punto de conexión material” que permita cuestionar la falta de homogeneidad entre ambas iniciativas.
Aunque el Reglamento del Congreso “no contiene reglas que limiten el contenido de las enmiendas”, el informe recuerda que la doctrina del Tribunal Constitucional exige que las modificaciones al articulado sean coherentes con el objeto y la finalidad de la iniciativa legislativa correspondiente.
Los servicios jurídicos advierten de que ignorar esa exigencia de congruencia podría vulnerar el derecho recogido en el artículo 23 de la Constitución, relativo a la participación de los parlamentarios en el procedimiento legislativo.
Por ello, consideran que la Mesa de la Comisión de Educación debe “ponderar y valorar” esta circunstancia antes de resolver sobre la admisión a trámite de la propuesta de Sumar.
Una vez aprobada la admisión a trámite de la enmienda, el Partido Popular ha confirmado que recurrirá la decisión de la mesa y desde el partido han señalado que esta “chapuza legislativa” supone “la aceptación tácita” de que la Instrucción de la LMD de octubre de 2022 “estaba al margen de la ley”.
