El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 11 de junio la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña, también conocida como Ley de Amnistía, que entró en vigor en el momento de su publicación, abriéndose un plazo de dos meses para que jueces y tribunales la apliquen, que se detendrá si se eleva una cuestión a la Justicia europea. El diario oficial también abre el plazo de presentación de recursos de inconstitucionalidad y al menos el PP ya ha anunciado que la impugnará.
El decreto, firmado por el Rey de España, Felipe VI, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recoge la norma que el Congreso respaldó con mayoría absoluta, levantando el veto del Senado y dando luz verde definitiva a su aprobación tras varios meses de tramitación y negociaciones entre el Ejecutivo y las formaciones independentistas, pues la medida nació de los pactos del PSOE con ERC y Junts a cambio de su apoyo a la investidura de Sánchez y su objetivo es amnistiar a todos los implicados en movilizaciones soberanistas e independentistas desde el 1 de noviembre de 2011, cuando aún gobernaba el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero, hasta el 13 de noviembre de 2023.
Esta ley implica anular la “responsabilidad penal, administrativa y contable” de los condenados, procesados e investigados por delitos vinculados con el proceso soberanista de Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023, en cualquier juzgado o tribunal del territorio nacional. Comprende tanto a los condenados por la consulta del 9 de noviembre de 2014 como los del referéndum independentista de 2017, así como el archivo de las investigaciones abiertas por los disturbios posteriores contra la sentencia del Tribunal Supremo. Según el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la norma ampara a 372 personas, entre las que se incluyen dirigentes de Junts y ERC, a los 12 CDR procesados y a los investigados por ‘Tsunami Democràtic’, entre otros, aunque la Fiscalía General del Estado contempla 82 procedimientos penales actualmente en tramitación con 486 personas acusadas.
