Ya lo advertía el genio de todos los genios, Leonardo Da Vinci: No se hace justicia haciendo leyes y más leyes, porque el exceso de leyes casi siempre conduce a la peor Justicia. La Justicia requiere PODER. Y el PODER se ejerce bajo el manto de la AUTORIDAD. La autoridad la ejercen los que saben, y el poder lo ejercen los que “pueden”, y sólo cuando ambos conceptos se ayudan para que se cumpla la ley, será posible hablar de JUSTICIA. Por eso decimos que la Justicia requiere poder e inteligencia.
Ahora bien, de nada sirve proclamar estos asertos incontestables, simples construcciones intelectuales, si falta la VOLUNTAD de aplicarlos a una realidad. Podemos eternizarnos discutiendo sobre las delimitaciones conceptuales de “auctoritas” y de “potestas”, prolongando así las clases del profesor de Derecho Romano Álvaro D’Ors. Pero ¿de qué serviría todo ese entramado intelectual si falta VOLUNTAD de llevarlo a la práctica?
Veo con preocupación, a día de hoy, cómo los esfuerzos políticos y mediáticos ponen su foco en objetivos fútiles y carentes de interés social, o priorizando leyes y demás normas que tratan de parchear un problema universal de los desplazamientos migratorios frente al abandono en el que se hallan miles de emigrantes españoles que renunciaron en su día a consumir servicios públicos en nuestro país, reembolsaron divisas y trajeron experiencias y paz social, y no dudaron en elegir, como paraíso fiscal para invertir, el pueblo que les negó las patatas y el pan, parodiando al gran Julio Camba. No sé quién merece más atención social, si el desempleado que quiere seguir desempleado o el emigrante que ha renunciado a seguir viviendo del subsidio del desempleo.
Nos apuramos mucho en dictar decretos-leyes, leyes de urgencia, reglamentos que posiblemente satisfagan la inquina de algunos votantes, pero aún no he visto ninguna norma que agilice el voto del emigrante. No he leído en el BOE medida alguna que atienda la situación precaria de nuestros emigrantes en Venezuela, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Costa Rica, Inglaterra, Alemania, Suiza… Ni tampoco atisbo que se esté solucionando el problema de la doble imposición a esos trabajadores nuestros en el extranjero a los que se les exprime hasta límites vomitivos. ¿Qué tienen que hacer? ¿Saltar la valla? ¿Colgar lazos verdes de esperanza? ¿O esperar hasta el final de los tiempos hasta que la Justicia se tope con el PODER, LA INTELIGENCIA Y LA VOLUNTAD?
Nuestro presidente ha recorrido recientemente varios países de Sudamérica en los que trabajan muchos miles de emigrantes españoles. Espero que haya tomado nota de la precariedad de personal y medios de nuestras embajadas y consulados. Y sólo espero que haga JUSTICIA.
Ricardo Martínez Barros es fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.