La Junta invertirá 875 millones de euros del Programa Feder y del Fondo Social+ con la UE hasta 2027

Ambas iniciativas fueron aprobadas el pasado mes de diciembre por la Comisión Europea

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en la presentación del programa Feder de Castilla y León para el periodo 2021-2027.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presentó el pasado 10 de marzo a representantes de empresas, cámaras de comercio, agentes económicos y sociales, universidades y entidades locales, entre otros, el programa Feder de Castilla y León para el periodo 2021-2027. El programa invertirá 591.853.673 euros, de los cuales 236,7 millones de euros -el 40%-, son aportados por la Administración autonómica y 355,1 millones, el 60%, proceden de la Unión Europea.

La UE establece una financiación del 60% al estar Castilla y León en el grupo de ‘regiones en Transición’ junto con Galicia, Valencia, Cantabria, Asturias y La Rioja, entre otras, con un PIB per cápita entre el 75% y el 100% de la media de la UE.

Las regiones menos desarrolladas (Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha), por debajo del 75% del PIB per cápita, y las ultraperiféricas cuentan con una financiación del 85%; y la financiación es del 40% para las regiones más desarrolladas (Madrid, País Vasco y Cataluña, entre otras).

La programación del Feder de Castilla y León se basa en principios horizontales como el Pilar Europeo de Derechos Sociales, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación, el desarrollo sostenible con el principio de no causar daño significativo, cambio climático y biodiversidad.

Además, Castilla y León ha contado con Fondos Europeos desde los primeros períodos de programación, desde 1989, y en materia de gestión de estos Fondos cuenta con una amplia y sólida experiencia.

Así, la Consejería de Economía y Hacienda ha realizado un trabajo de programación coordinado al tener en cuenta las ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y al Fondo de Transición Justa, que se suman a las procedentes del FSE+ y del Feader para coordinar la complementariedad de estos recursos a las necesidades de la Comunidad.

Prioridades de inversión y retos

El programa Feder de Castilla y León se concentra en torno a tres prioridades de inversión acordes con los ‘Objetivos Políticos’ 1, 2 y 4: una Europa más competitiva y más inteligente; una Europa más verde; y, por último, una Europa más social e integradora.

La primera prioridad es la Transición digital e inteligente y cuenta con una dotación de inversión de 262 millones de euros dirigidos a conseguir una Castilla y León más competitiva e inteligente, con acciones dirigidas al fomento de la I+D+i; la creación, digitalización e internacionalización de las empresas, y también destinadas a la digitalización de la Administración Pública.

La segunda prioridad se centra en lograr una Comunidad más verde y, con una previsión de 242 millones de euros de inversión, tiene como objetivo la mejora de la eficiencia y el ahorro energético en edificios públicos, así como la implantación de redes públicas de distribución de energía térmica, la prevención de riesgos y prevención y extinción de incendios forestales y la gestión adecuada de los recursos hídricos, junto con intervenciones en centros educativos dirigidas a su adecuación climática.

La tercera prioridad se dirige a lograr una Comunidad más social e integradora y, con 88 millones de euros, aglutina dos objetivos fundamentales que abarcan la transformación social y el impulso a la cultura y el turismo. Para ello se destina el gasto previsto a la construcción de nuevas infraestructuras educativas, a la implantación de soluciones tecnológicas para la mejora de la resiliencia del sistema sanitario, así como a actuaciones dirigidas a un uso sostenible de los Espacios Protegidos Natura 2000, además de reforzar el papel de la cultura y el turismo sostenible en el desarrollo económico, la inclusión social y la innovación social.

Con las actuaciones que se van a poner en marcha, en el ámbito de las anteriores prioridades se pretenden alcanzar los siguientes cinco retos: Fomentar la competitividad a través de la innovación y la investigación, Facilitar la conectividad, capacitación y transformación digital, Fomentar la eficiencia energética, las energías renovables y contribuir al proceso de descarbonización, Mitigar los efectos del cambio climático, acelerar la transición verde y fomentar una economía circular, y Cambiar el paradigma social de la Comunidad apostando por la igualdad en el acceso a servicios públicos de calidad.

Carriedo y otros asistentes al acto sobre el programa del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León para el periodo 2021-2027.

Previamente, el 1 de marzo, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, presentó en un acto con representantes de entidades sociales -de inclusión social y discapacidad-, con agentes económicos y sociales, universidades y entidades locales, entre otros, el programa del Fondo Social Europeo+ de Castilla y León para el periodo 2021-2027.

El programa movilizará 282.360.488 euros, de los cuales 113 millones -el 40%-, son aportados por la Administración autonómica y 169,4 millones de euros -el 60%- proceden de la Unión Europea, siguiendo los mismos parámetros del programa anterior al estar Castilla y León en el grupo de ‘regiones en transición’.

La programación acordada en lo establecido en el reglamento del FSE+ por la Comisión Europea y los Estados Miembros tienen que cumplir, al menos, con la siguiente concentración temática: un 25% destinado a inclusión social; un 12,5% destinado a empleo juvenil; el 5% a luchar contra la pobreza infantil; al menos el 3% de privación material, y al menos un 0,25% de capacitación de interlocutores y agentes sociales.

El Programa del Fondo Social Europeo+ (FSE+) de Castilla y León es el resultado de un proceso transparente y participativo de la Junta con las distintas administraciones y entidades colaboradoras y de la experiencia acumulada de la Comunidad, que lleva gestionando Fondos Europeos desde 1989.

Cinco prioridades del FSE+

El programa FSE+ de Castilla y León, que fue aprobado el 2 de diciembre de 2022, se concentra en torno a cinco prioridades de inversión acordes con el Objetivo Político 4 de alcanzar ‘una Europa más social e inclusiva, por medio de la aplicación del pilar europeo de derechos sociales’.

La primera prioridad es el empleo, adaptabilidad, emprendimiento y economía social y cuenta con una dotación de 66,7 millones de euros para mejorar el acceso al empleo de todos los demandantes de empleo y, en particular, de las personas jóvenes, especialmente a través de la aplicación de la Garantía Juvenil, de los desempleados de larga duración y los grupos desfavorecidos en el mercado laboral, y de las personas inactivas, así como mediante la promoción del empleo por cuenta propia y la economía social. Asimismo, se pretende promover una participación equilibrada de género en el mercado de trabajo, unas condiciones de trabajo equitativas y una mejora del equilibrio entre la vida laboral y la familiar.

La segunda es la inclusión social y la lucha contra la pobreza y, con una previsión de 79 millones de euros, el objetivo es fomentar la inclusión activa y promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación activa, y mejorar la empleabilidad especialmente para los grupos desfavorecidos.

La tercera prioridad se dirige a la educación y la formación y, con 44,9 millones de euros, el objetivo es implementar ayudas para la contratación predoctoral del personal investigador y las dirigidas a la adquisición de competencias digitales de los ciudadanos de Castilla y León. Además, se estable el objetivo específico de promover el aprendizaje permanente teniendo en cuenta las capacidades empresariales y digitales.

La cuarta prioridad se centra en el empleo juvenil y con 76,1 millones de euros se pretende mejorar el acceso al empleo y a medidas de activación de todos los demandantes de empleo, especialmente de los jóvenes, a través de la aplicación de la Garantía Juvenil y de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad y el fomento del empleo de jóvenes en situación de dificultad sociofamiliar.

La quinta prioridad se dirige a la garantía infantil y cuenta con una asignación cercana a los 15,5 millones euros, con el objetivo de promover la igualdad de acceso a una educación y formación de calidad e inclusivas y su culminación, en particular para los grupos desfavorecidos, fundamentalmente a través de los programas de éxito y refuerzo educativo y para la sensibilización, fomento y mejora del acogimiento familiar en Castilla y León.

Con las actuaciones que se van a poner en marcha, en el ámbito de las anteriores prioridades se pretenden alcanzar los siguientes cinco retos.

El primero tiene como objetivo la reducción del desempleo, la mejora de la empleabilidad y el desarrollo de acciones para la igualdad efectiva, especialmente entre los colectivos vulnerables como las personas desempleadas de larga duración, mujeres, personas con discapacidad, personas con baja cualificación y migrantes, jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, ofreciendo incentivos al empleo estable y de calidad.

El reto 2 es mejorar la formación y capacitación de la población, fomentar el aprendizaje permanente, el reciclaje profesional y la adquisición de competencias básicas o digitales, especialmente entre los jóvenes, promoviendo la retención de talento, la inserción laboral y el mantenimiento del empleo.

El tercero aspira a promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación de los colectivos vulnerables y de las personas con discapacidad, mediante la orientación, el acompañamiento y elaboración de itinerarios individualizados de inserción sociolaboral al objeto de lograr una participación activa en el mercado laboral.

El reto es promover y garantizar una educación inclusiva y de calidad en todas las etapas formativas, destinando recursos para la adquisición de conocimientos científicos y la investigación, así como acciones para garantizar el acceso y culminación de los estudios, especialmente entre los colectivos desfavorecidos o vulnerables, incluyendo medidas de acompañamiento, refuerzo y ayuda.

Y el último reto está enfocado en fortalecer el sistema de protección a la infancia a través del refuerzo del sistema de protección social, desarrollando actuaciones de apoyo y acompañamiento o ‘mentoring’, con especial atención a los menores protegidos y/ o en situación de vulneración social.

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