El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, clausuró el pasado 27 de noviembre en Valladolid la Asamblea de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla y León, que reeligió a Ángeles Armisén como presidenta de la misma. Durante su intervención, Fernández Mañueco recordó el compromiso del Gobierno autonómico con el municipalismo, defendiéndolo y apoyándolo con hechos. Por ello, indicó que la Junta incrementará en 2024 la cuantía destinada a la cooperación local general, que ya este año ha superado los 109 millones, a lo que hay que añadir lo más de 470 millones destinados a la cooperación local. Asimismo, el Gobierno autonómico está trabajando en medidas para ayudar a cubrir puestos vacantes de secretarios, interventores y tesoreros, tan importantes en la labor municipal.
El presidente señaló que, con el objetivo de mejorar la vida en los municipios, el Ejecutivo sigue trabajando en iniciativas como la nueva ley de urbanismo, en la que está trabajando para que salga adelante con el mayor consenso posible. Con ella, se va a facilitar la construcción de vivienda pública y el acceso a los jóvenes a su primera casa.
También, subrayó otras medidas como el trasporte público a la demanda, las grandes inversiones en depuración de aguas, la eliminación de escombreras, la limpieza de los bosques, y otras destinadas a apoyar a la agricultura y a la ganadería.
En el ámbito de derechos, resaltó que Castilla y León es la comunidad que más porcentaje de presupuestos destina a los servicios públicos y se sitúa a la cabeza en educación, sanidad, servicios sociales y dependencia. Además, recordó que la Junta va a blindar los servicios públicos esenciales en todo el territorio, a través de una ley que ya está tramitándose. También, destacó otras actuaciones en materia de diálogo social, como la firma de importantes acuerdos como el de prevención y extinción de incendios, entre otras.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo autonómico aprovechó el marco de esta asamblea para demandar que el Gobierno de España tenga en cuenta la Federación de Municipios y Provincias y a las administraciones locales y autonómicas a la hora de negociar la financiación local y autonómica, ya que, a su juicio, deben nacer del mayor consenso posible.
