La Junta escucha al sector agroalimentario para reaccionar conjuntamente ante la previsible aplicación de aranceles de Estados Unidos

Pretende que el impacto sea el menor posible y aprovechar el brexit para cubrir el espacio que va a dejar Reino Unido

La Junta pretende que el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos y del brexit sea el menor posible en los sectores principalmente afectados, como el agroalimentario o el vino, además de apostar por los productos de Castilla y León para cubrir el espacio que va a dejar Reino Unido con su salida de la UE.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, escucharon el pasado 9 de octubre en Valladolid a varios sectores afectados por los futuros aranceles que Estados Unidos aplicará en las exportaciones en materia agroalimentaria. En la reunión estuvieron presentes Vitartis (Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León), las denominaciones de origen vitivinícolas de la Comunidad y la Federación Castellano y Leonesa de Industrias Lácteas.

Las consejerías de Economía y Hacienda y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ofrecieron un acuerdo de colaboración en cuanto a las misiones de exportación por el conocimiento técnico que la Administración tiene de los sectores afectados.

Jesús Julio Carnero trasladó a los asistentes que desde el Gobierno regional se “tomarán las medidas de contingencia y coyuntura oportunas para impulsar la internacionalización dentro del Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León”.

El volumen total de los productos agroalimentarios de la Comunidad afectados por la subida arancelaria planeada por Estados Unidos asciende actualmente a 31,7 millones de euros. De los cuales: 20,3 millones de euros repercuten al sector del vino, 3,1 millones de euros al sector del queso, 2 millones de euros a legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, 1,9 millones de euros al sector del porcino, fresco, refrigerado o congelado, 1,8 millones de euros a crustáceos y moluscos, preparados o conservados y 1,2 millones de euros a embutidos y productos similares.

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