El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó el pasado 13 de octubre el límite de gasto no financiero para el próximo año, que se sitúa en 12.470 millones de euros, lo que supone un incremento del 13,6% respecto al del Presupuesto de 2021, que está prorrogado en este ejercicio. Esta cantidad representa el techo más alto desde que el Ejecutivo autonómico calcula esta magnitud, que sirve de referencia para la elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad.
El techo de gasto se obtiene de la suma de los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad el año que viene y que se sitúan en 12.267,01 millones de euros -el 18,7 % más que en el Presupuesto de 2021-, cuantía en la que se contabilizan 1.986 millones de euros procedentes de Fondos Europeos, incluyendo los recursos de la Política Agraria Común (PAC). A ellos se suman los recursos asociados al déficit, que el Gobierno de España ha fijado para las comunidades autónomas en el 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) regional y que equivalen a 205,12 millones. A la cantidad obtenida hay que restarle 2,13 millones de euros como consecuencia de los ajustes de Contabilidad Nacional.
El resultado de la operación son los 12.470 millones de euros de gasto no financiero en los que como máximo podrá incurrir el Gobierno de Castilla y León durante el año que viene, 1.490 millones más que el previsto en el Presupuesto de 2021.
El techo de gasto acordado es coherente con el escenario macroeconómico proyectado para el próximo ejercicio, donde se estima que el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) regional será del 1,6%. Asimismo, la tasa de paro se prevé que en 2023 se sitúe en el 10,1% y, en términos de empleo (equivalente a tiempo completo), se espera un aumento del 2,3% en 2023.
La persistencia durante 2022 de circunstancias excepcionales marca un complicado escenario de deterioro de las expectativas de crecimiento económico, que está vinculado a la evolución de la inflación, con un incremento de los precios de la energía, de las materias primas y de los alimentos sin precedentes en los últimos años. Ante esta situación, tanto las autoridades de la Unión Europea como el Gobierno de España han mantenido la suspensión de las reglas fiscales durante el año 2023.
De esta manera, los Presupuestos de la Comunidad para el próximo ejercicio 2023 se elaborarán teniendo en cuenta este escenario presupuestario y tendrán como objetivo avanzar en la senda de crecimiento económico que transforme y reactive, de forma sostenible, la actividad económica y el empleo.
De igual modo, las Cuentas de la Comunidad buscan fortalecer unos servicios públicos sanitarios, educativos, sociales y de acceso a la vivienda de calidad que protejan a todas las personas, independientemente de donde vivan.
Como en ejercicios anteriores, la suspensión de reglas fiscales no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, por lo que resulta imprescindible no renunciar a la estabilidad presupuestaria ni al principio de prudencia a la hora de realizar los Presupuestos. Así, a pesar de no existir unos objetivos de estabilidad para el próximo año, el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su reunión del 27 de julio pasado, estableció la tasa de referencia del déficit de las comunidades autónomas en el 0,3% del Producto Interior Bruto Regional.