España venía arrastrando en los últimos meses importantes problemas en los precios y la distribución de las fuentes de energía y de las materias primas, algunos derivados todavía de las consecuencias del cierre que se produjo al inicio de la pandemia de covid-19. La inflación cerró el año pasado en el 6,5%, su récord en 30 años, con el fuerte aumento de los precios de la electricidad como principal responsable.
Y el inicio de la guerra en Ucrania, tras la invasión por parte de Rusia, no ha hecho más que agravar las tensiones en la economía española y en el resto de Europa y en gran parte del mundo. El coste de los combustibles y las energías no ha parado de subir, afectando de manera directa a los ciudadanos -cuyos sueldos no soportan los incrementos que se están trasladando a todos los productos, incluidos los alimentos- y a las empresas, que se las ven y se las desean para cuadrar números y ofrecer sus mercancías.
Estos hechos son los causantes, además, de otro factor que está complicando aún más la situación en España, en una especie de ‘tormenta perfecta’ contra la economía del país: un paro en el sector del transporte. Una plataforma de camioneros y trabajadores autónomos del sector, al margen de la patronal, convocaron una especie de huelga que llega ya a las dos semanas de duración. Como consecuencia del gran seguimiento del paro entre los transportistas se recrudecen las tensiones en la economía, provocando desabastecimientos en los supermercados e incluso cierres temporales en las empresas ante la falta de materiales.
El Gobierno respondió descalificando a los convocantes, a quienes tachó de radicales de ultraderecha, y negándose a una negociación con ellos. Por ello, se reunió con el Comité Nacional del Transporte, un órgano al que los huelguistas no reconocen su representación y señalan como la patronal del sector y no los trabajadores. El Ejecutivo llegó a un acuerdo con el Comité por el que bonificará a los transportistas con 20 céntimos de euro por litro o kilo de combustible y dará una ayuda directa de 450 millones. Estas dos medidas supondrán una inyección de más de 1.000 millones de euros.
La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte rechazó el pacto porque no soluciona su principal reclamación, no trabajar a pérdidas, y mantiene el paro. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se vio obligada entonces a recibir al presidente de la Plataforma, Manuel Hernández, y otros representantes sin que se llegara a ningún acuerdo.
Mientras, otros sectores, como el del campo, la pesca, el taxi, el transporte de viajeros o la hostelería preparan protesta similares.
La UE permite medidas excepcionales para bajar la luz
El Gobierno anunció, a mediados de mes, que el 29 de marzo aprobará una serie de medidas para bajar el precio de la luz, el gas y la gasolina pero no aclaró cómo. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, afirmó que la sociedad española “merece y necesita” un “gran acuerdo de país” sobre la respuesta a las consecuencias de la guerra y se comprometió en el Congreso de los Diputados a “repartir de manera equitativa las cargas” causadas por la invasión rusa de Ucrania.
Además, Sánchez abogó por una reforma en profundidad del mercado energético en Europa para proteger a los consumidores más vulnerables, la industria y las pymes frente al “chantaje” de Vladimir Putin. Y se embarcó en una gira por varios países de la UE para negociarla, en medio del paro de los transportistas en España. Este hecho y el retraso en abordar unas medidas que se consideran urgentes ante la crisis económica le valió las críticas de la oposición, incluso de sus socios parlamentarios y de gran parte de la opinión pública.
Los días 24 y 25, Bruselas acogió sendas cumbres de la OTAN y del Consejo Europeo, a las que acudió Pedro Sánchez y en las que participó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para analizar la situación del conflicto en Ucrania y sus consecuencias. Del Consejo, que trató como tema prioritario la escalada de los precios de la energía, Sánchez se trajo el acuerdo por el que la UE reconoce la singularidad de España y Portugal como “isla energética” y permite que lleven a cabo medidas excepcionales y temporales para bajar el precio de la electricidad para consumidores y empresas. No estarán listas en menos de un mes, pues deberán ser revisadas por la UE, cuando las desarrollen ambos países.