El Gobierno de España y la Conferencia Episcopal llegaron a un acuerdo para indemnizar a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia cuyos casos ya hayan prescrito, junto al Defensor del Pueblo. La Iglesia asume el pago de las indemnizaciones y el Defensor del Pueblo revisa cada historia para fijar las cantidades correspondientes.
