La Generalitat de Cataluña gastó 622.000 euros en la contratación e una aplicación informática para gestionar el Registro de Catalanes en el Exterior, cuyos datos han sido obtenidos de manera “ilegal” para usarse en los referendos ilegales de 2014 y 2017, según uno de los últimos informes realizados por la Guardia Civil para el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
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