La financiación de Cataluña y la Ley de Amnistía centran el arranque del curso político y la legislatura

La vuelta de las vacaciones para los partidos y los políticos mantiene la misma tensión e incertidumbre que había a finales de julio. El Gobierno de coalición en minoría que forman el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Sumar, como depende del apoyo conjunto de varios partidos nacionalistas e independentistas a la vez, se las ve y se las desea para lograr los equilibrios que les permitan seguir en el poder y gobernar. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reitera mensajes de tranquilidad y asegura que hay Gobierno y “legislatura para largo”.

El eje sobre el que pivotaba la legislatura y del que dependía la continuidad de Sánchez era la Ley de Amnistía, que le garantizaba el respaldo de sus socios parlamentarios. Pero tras el acuerdo que firmó el PSOE con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para lograr la investidura del socialista Salvador Illa al frente de la Generalitat catalana, ahora son dos los ejes que marcan el arranque del curso político y la permanencia del Gobierno de coalición: la amnistía y la financiación de Cataluña.

Una amnistía algo encallada, puesto que solo un centenar de personas de las cerca de 500 previstas por la Fiscalía han logrado beneficiarse de la medida, que entró en vigor el 10 de junio, por distintas razones judiciales. A esto se suman ahora los recursos presentados en las últimas semanas por el PP, las comunidades autónomas gobernadas por el PP e incluso la de Castilla-La Mancha del socialista Emiliano García-Page, además de haber elevado consulta los jueces al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea -como la Audiencia Nacional que preguntó al Tribunal de la UE si puede amnistiar el terrorismo de los CDR- y de que el Tribunal Supremo concluyera que el delito de malversación no es amnistiable.

Puigdemont en Barcelona

Pese a todo esto, tras siete años huyendo de la orden de detención que pesa sobre él por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, el expresident de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, se presentó en una plaza de Barcelona el pasado 8 de agosto, tal y como había anunciado previamente. Allí dio un discurso ante centenares de personas que le vitorearon y desapareció entre la multitud, a pesar de que había asegurado que acudiría al Parlament a la sesión de investidura de Illa. El dispositivo policial falló, de lo que se culpó a los Mossos d’Esquadra, ante el evidente desmarque del Ministerio del Interior. Posteriormente se supo que Puigdemont estuvo en Barcelona unas 48 horas, desde el día 6, y que huyó de nuevo a su refugio de Waterloo (Bélgica).

Mientras, el líder del PSC, Salvador Illa, tomó posesión como president del Govern catalán con el voto a favor de su formación, de ERC y de Comuns Sumar. El socialista puso así fín a 14 años de gobiernos independentistas.

La clave del apoyo de Esquerra fue el pacto que la formación republicana firmó, tras el visto bueno de sus bases, con el PSOE para que Cataluña abandone el régimen común -recaudando y gestionando todos los impuestos- y tener así un concierto similar al del País Vasco que les permita cumplir su aspiración de tener la “llave de la caja” y recaudar “el 100% de los impuestos”, según expresaron los portavoces de ERC.

Y ante esto también se han pronunciado en contra varios líderes autonómicos y antiguos altos cargos socialistas, además de la oposición en bloque y algunos socios del Gobierno. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reunió a los presidentes autonómicos del PP y acordaron “ir todos a una” en el debate abierto sobre la financiación a raíz del pacto entre el Gobierno y los independentistas para un concierto catalán. Feijóo aseguró que “no caerán en una bilateralidad tramposa” en lo que se refiere a la financiación y reiteró la exigencia “de que se abandone el cupo independentista” negociado con ERC. Además, el líder del PP avanzó una propuesta para que el Ejecutivo inyecte a todas las comunidades hasta 18.000 millones de euros de los fondos europeos que no se han ejecutado.

Ninguna explicación

Desde el Gobierno no se ofrecieron explicaciones concretas sobre el acuerdo con ERC. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó que se tratara de un cupo ni de un concierto. En el Senado afirmó que se trataba de una financiación singular para Cataluña que establece que la “solidaridad” de este sistema debe garantizar un nivel similar de servicios públicos en todas las comunidades autónomas, “siempre que lleven a cabo también un esfuerzo fiscal similar”.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se limitó a anunciar en un acto de inicio del curso político, sin preguntas de la prensa, que impulsará un nuevo sistema de financiación “más justo” y en el que todas las comunidades autónomas recibirán “más recursos que con el PP”. Y prometió que agotará la legislatura.

Tres días después, repitió que “hay legislatura para largo”. Y aseguró: “vamos a gobernar con o sin concurso del Poder Legislativo”, un parlamento que, en su opinión, “tiene que ser más constructivo y menos restrictivo”. Unas polémicas declaraciones que recibieron acusaciones de autócrata, por parte de la oposición.

Esta afirmación la hizo en el marco del Comité Federal del PSOE, reunido el 7 de septiembre, que sirvió para convocar en noviembre el 41 Congreso Federal que él mismo decidió adelantar casi un año para volver a presentarse y lograr el cierre de filas del partido con él a pesar de las acusaciones de presunta corrupción que rodean a su Gobierno y al PSOE -por el caso Koldo y la implicación del exministro y exnúmero dos de la formación, José Luis Ábalos- y a su familia, con las investigaciones judiciales a su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David.

Todo ello, además, con la amenaza de dejar de apoyar a su Gobierno de Junts -por el acuerdo con ERC y por investir a Illa president-, de Coalición Canaria -por la falta de apoyo ante la crisis migratoria en las Islas-, y de su exdiputado José Luis Ábalos, ahora en el Grupo Mixto, -por una auditoría a su gestión en el Ministerio por parte de su sucesor Óscar Puente-.

Nombramientos a dedo

Por último, otra acusación recurrente a Sánchez es que está asaltando las instituciones oficiales para garantizarse su respaldo. Y la semana pasada decidió nombrar al hasta ahora ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, como gobernador del Banco de España. Un organismo fiscalizador del Gobierno que tiene ya a un excomponente del Ejecutivo al frente.

Con Escrivá son hasta 10 los ex ministros, colaboradores o afines a Sánchez que han sido recolocados a dedo por el presidente para dirigir órganos destacados del Estado o empresas públicas.

El jefe de Gabinete de Sánchez, Óscar López, es el nuevo ministro de Transformación Digital y de la Función Pública.