La Federación de Sociedades Españolas de la República Argentina (Fedespa) emitió un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de ejecutar las medidas cautelares dictadas por el Tribunal Supremo que afecta a las personas ya inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que obtuvieron la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática (LMD).
En el comunicado, difundido el pasado jueves 17 de septiembre, Fedespa, como entidad que agrupa a las instituciones españolas asentadas en la Argentina y representativa de la mayor colectividad española organizada fuera de España, manifiesta con gran inquietud respecto a los efectos que la medida cautelar puede generar sobre miles de ciudadanos españoles residentes en el exterior que han obtenido la nacionalidad española conforme a la legislación vigente.
“Estas personas no son titulares de una mera expectativa de derecho, sino ciudadanos españoles cuya nacionalidad ha sido reconocida o se encuentra en vías de reconocimiento por los procedimientos legalmente establecidos. La Federación considera que cualquier análisis sobre los efectos electorales de dichas nacionalidades debe realizarse respetando los principios de igualdad, seguridad jurídica y participación democrática”, resalta la entidad.
Asimismo, estima “especialmente preocupante” que un debate de esta trascendencia para la comunidad española en el exterior “se haya desarrollado sin la participación formal de las organizaciones representativas de dicha colectividad”, y subraya que las instituciones que integran Fedespa representan a cientos de miles de españoles y descendientes de españoles en la República Argentina “que cuentan con experiencia, conocimiento histórico y capacidad de interlocución que podrían contribuir al enriquecimiento del debate jurídico e institucional”.
La Federación aclara que mantiene un “absoluto respeto” por la independencia del Poder Judicial y por las decisiones adoptadas por los tribunales españoles en el ejercicio de sus competencias constitucionales, por lo que acata plenamente la medida cautelar dictada por el Tribunal Supremo y reconoce su facultad para adoptar las resoluciones que considere necesarias mientras se sustancia el procedimiento principal: “El respeto institucional constituye un principio esencial para toda organización representativa de la ciudadanía española”.
Sin perjuicio de ello, Fedespa sostiene que el análisis de fondo debe partir del reconocimiento de la complejidad histórica de la emigración española del siglo XX: “La emigración hacia Iberoamérica estuvo condicionada por factores políticos, económicos, sociales y familiares estrechamente relacionados entre sí. Por ello, cualquier interpretación de la normativa debería considerar el espíritu reparador que inspiró la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y la voluntad de fortalecer los vínculos entre España y sus comunidades históricas en el exterior”.
En ese sentido, solicita “respetuosamente” que, antes de adoptarse una resolución definitiva, “se habiliten canales institucionales que permitan escuchar a las organizaciones representativas de la ciudadanía española residente en el exterior”, para lo que se compromete a aportar antecedentes históricos, documentación y análisis “que contribuyan a una valoración integral de las consecuencias jurídicas, sociales y democráticas derivadas de la futura resolución”.
Además, considera que la cuestión “excede una controversia meramente administrativa o electoral”, al afectar derechos e intereses legítimos de una parte significativa de la ciudadanía española residente fuera del territorio nacional: “La resolución definitiva tendrá efectos directos sobre cientos de miles de españoles y sobre las relaciones de España con sus comunidades históricas en el exterior”.
Por ello, Fedespa anuncia que promoverá, por los medios jurídicamente procedentes, la presentación de un informe institucional independiente y solicitará formalmente que su voz y la de las entidades que integran la colectividad española en la República Argentina sean escuchadas y tenidas en consideración dentro del debate institucional suscitado por esta cuestión, y reafirma su compromiso permanente con la defensa de los derechos, la participación y la integración institucional de los españoles residentes en el exterior, promoviendo el diálogo entre los poderes públicos y la ciudadanía española de la diáspora.
El comunicado, firmado por el presidente de Fedespa, José Manuel Besteiro, y la secretaria general, María Mercedes Casares, concluye con un llamamiento de la Federación al Tribunal Supremo, al Gobierno de España, a las Cortes Generales, a la Junta Electoral Central y al conjunto de las instituciones competentes “para que el tratamiento de esta cuestión se desarrolle desde una perspectiva de diálogo institucional, seguridad jurídica y respeto a los derechos de la ciudadanía. La comunidad española en el exterior forma parte integrante de la realidad nacional española y no puede ser considerada un sujeto pasivo de decisiones adoptadas sin su participación”.
