La Estratexia Galega de Solo Residencial prevé la construcción de 20.000 viviendas protegidas

Rueda anuncia la aprobación de esta iniciativa y el compromiso de “doblar el parque residencial público en esta legislatura”

Rueda y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, camino de la rueda de prensa del Consello.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció el pasado 10 de junio que el Consello aprobó en su reunión semanal la Estratexia Galega de Solo Residencial para “impulsar la construcción de 20.000 viviendas protegidas y otras 5.000 libres”.

Una iniciativa que se enmarca en la apuesta del Gobierno autonómico de ampliar la oferta de vivienda en la Comunidad con el compromiso de “doblar el parque residencial público en esta legislatura, para pasar de las 4.000 actuales a 8.000 viviendas”, destacó Rueda, quien recordó que la Xunta va a poner en marcha la construcción de “400 nuevos inmuebles” en los primeros 100 días de Gobierno.

La nueva estrategia, según apuntó el presidente, supondrá destinar en la primera fase una inversión total de “más de 43,2 millones de euros” para “la adquisición de suelo y redacción de proyectos de urbanización”.

La programación se desarrollará en dos fases. En la primera, entre 2025 y 2028, se abordará la planificación, la adquisición de suelo, la redacción de proyectos y los acuerdos con ayuntamientos. Posteriormente, en cuanto esté ya avanzada esta primera etapa arrancará la segunda, relativa a la ejecución de las obras de urbanización, la comercialización de las parcelas y a la ejecución de las edificaciones.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, indicó que “la previsión es conseguir 3,3 millones de metros cuadrados de suelo” y destacó que el suelo urbanizado se destinará a la construcción de vivienda de promoción pública, que llevará a cabo el Instituto Galego de Vivenda e Solo, y de promoción autonómica, que abordarán promotores y cooperativas.

Para las 20.000 viviendas protegidas recogidas en la Estratexia, se estima una distribución territorial de 4.320 viviendas en el área urbana de A Coruña; 1.600 en las de Lugo y de Ourense, respectivamente; 1.760 en la de Pontevedra; 7.360 en el área urbana de Vigo; 2.000 en la de Santiago; 960 en la de Ferrol y 400 en Vilagarcía de Arousa. Tal y como apuntó la conselleira, estas siete grandes ciudades, junto con la comarca de O Salnés fueron los lugares “donde más demanda registró el estudio urbanístico realizado”.

Hay que destacar que de este total de viviendas, parte ya está en fase de desarrollo, de manera que 3.452 ya están planificadas en las áreas urbanas de A Coruña (500); Lugo (370); Vigo (1.600) y Ferrol (982), mientras que las restantes 21.548 se habían planificado en el marco de la puesta en marcha de la estrategia.

Desarrollo de las fases

En la etapa de planificación de la primera fase, será el Instituto Galego de Vivenda e Solo el que delimitará ámbitos de actuación con destino mayoritario a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección pública en aquellas localidades en las que esté acreditada una fuerte demanda a través del Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de la Comunidad y establecerá una planificación de los suelos que van a desarrollar las localidades, que están centrados en las grandes ciudades.

Para la determinación de las áreas donde es necesario acometer de forma urgente estas actuaciones se utilizará el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de la Comunidad Autónoma de Galicia y los criterios y objetivos generales de las directrices de ordenación del territorio que identifican las regiones y áreas urbanas. Se tendrá en cuenta la idoneidad de las zonas de actuación respecto de su situación en la ciudad y las prescripciones del plan general para cada sector. Además, en esta fase de planificación, se prestará especial atención a la promoción de la vivienda destinada a la gente joven, buscando las características que se adapten a sus necesidades.

Los ayuntamientos podrán participar en el impulso y desarrollo de estas actuaciones aportando una parte de los fondos necesarios para su ejecución y obteniendo el suelo que proporcionalmente les corresponda con base en su aportación.

Los siguientes pasos de la primera fase serán la “redacción y tramitación”, por parte del IGVS, de los proyectos de interés autonómico, que serán aprobados por el Consello da Xunta, y la posterior adquisición del suelo del ámbito.

Para la segunda fase de la Estratexia quedará la tramitación de los proyectos de urbanización, que serán autorizados por la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, después de la audiencia a los ayuntamientos afectados, y la posterior licitación de las obras de urbanización.

Una vez iniciadas estas, se realizará, tal y como apuntó Martínez Allegue, el correspondiente “concurso público de adjudicación de suelo”, al que podrán concurrir los promotores y cooperativas para la construcción de viviendas de protección autonómica de régimen especial, general o concertado, y en el que las ofertas se podrán presentar para adjudicación de suelo en compra o en derecho de superficie. El suelo para vivienda libre también se ofertará en concurso público por un precio fijado conforme a una tasación realizada con base en precios de mercado.

Las promotoras adjudicatarias deberán realizar las obras de edificación en un plazo máximo de tres años, mientras que el IGVS iniciará en tres años desde la finalización de las obras de urbanización a la construcción de las viviendas de promoción pública en las parcelas reservadas para dicho fin.

Alquiler accesible

Previamente, el 3 de junio, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de que el Consello había dado el visto bueno a destinar 14, 7 millones de euros a incentivar “que promotores públicos y privados construyan o rehabiliten viviendas dirigidas al alquiler accesible”. La previsión, según destacó, es promover la construcción “de hasta 350 viviendas”.

Tal y como destacó el presidente del Ejecutivo gallego, esta medida se enmarca en el compromiso de impulsar “la construcción de 400 inmuebles protegidos” en “los primeros 100 días de Gobierno” y en el de “doblar el parque residencial de vivienda pública” en esta legislatura.

Para eso, el Ejecutivo autonómico impulsa con fondos propios de la Xunta la primera convocatoria de ayudas de una nueva modalidad de promoción de viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de rehabilitación, que se vayan a destinar al alquiler.

A estos incentivos, se añade el lanzamiento en la misma convocatoria, de la segunda edición de la línea de ayudas para la promoción de viviendas para alquiler, alojamientos temporales, y otras modalidades residenciales tipo covivienda (cohousing), viviendas intergeneracionales y modalidades similares de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación.

Estos fondos se canalizarán a través de una nueva orden de ayudas de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, a través del Instituto Galego de Vivenda e Solo, tras recibir ese día el visto bueno del Consello da Xunta.

La convocatoria de estos incentivos para este año, de carácter plurianual, incluye así dos programas diferenciados.

Concretamente, la Xunta destinará un presupuesto autonómico de 7.200.000 euros al nuevo programa dirigido a la promoción de viviendas protegidas de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación. El objetivo, tal y como resaltó Rueda, es que estos inmuebles se destinen a alquiler “por lo menos durante 15 años”.

Además, en la misma convocatoria, la Xunta reserva 7.560.000 euros de los fondos del Plan de Vivenda 22-25 a las ayudas a la promoción de viviendas y otras modalidades residenciales tipo cohousing, viviendas intergeneracionales o similares, de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación, que se vayan a destinar al alquiler o ceder en uso por un plazo de, por lo menos, 20 años.

En concreto, para acogerse a cualquiera de estas dos modalidades de ayudas impulsadas por la Xunta, las viviendas que se promuevan deben cumplir como requisitos que estas sean destinadas al alquiler accesible o a la cesión de uso por el plazo indicado, según su modalidad.

Además, en el supuesto de que se trate de viviendas protegidas, con independencia de la modalidad de la que se trate, deberán destinarse al alquiler, conforme lo establecido en su cualificación.

Las viviendas deberán también cumplir la normativa de habitabilidad de viviendas de Galicia.

Asimismo, las viviendas se situarán en localidades que tengan inscritos en el Rexistro Único de Demandantes de Vivenda Protexida del Instituto Galego de Vivenda e Solo, cuando menos, cinco unidades de convivencia por cada vivienda para la cual se solicita financiación.

Las promociones de nueva construcción o procedentes de la rehabilitación de edificios que se acojan a las ayudas de este programa deberán cumplir con las normativa de accesibilidad y tener una cualificación energética mínima A, tanto en emisiones de CO2 como en consumo de energía primaria no renovable.

Las ayudas aprobadas por el Ejecutivo autonómico podrán solicitarse para la totalidad de las viviendas de una misma promoción o para una parte de ellas, bien que, en todo caso, será requisito necesario para obtener la ayuda que la promoción tenga un mínimo de cinco viviendas que cumplan las condiciones de este programa.

Las obras deberán realizarse en el plazo máximo de 36 meses desde la fecha de notificación de la concesión de la ayuda. No obstante, el citado plazo podrá extenderse a 38 meses cuando se trate de promociones de más de cincuenta alojamientos o viviendas. Cuando se trate de actuaciones de rehabilitación, los plazos serán de 30 meses y 32 meses, respectivamente.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el primer día hábil siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia, y finalizará el 31 de octubre de 2024.

La Xunta tiene en marcha varios programas dirigidos al acceso a la vivienda, todos ellos recogidos en el Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025, firmado por los representantes de las entidades integrantes del pleno del Observatorio de Vivenda de Galicia, documento que surge del análisis conjunto y de la contribución de todos los representados en el pleno del citado observatorio. En dicho pacto se recogen las líneas de actuación pública en la materia, constituyendo un instrumento de planificación de las políticas públicas en este ámbito en la Comunidad Autónoma.

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