Llegan de todos los mares y continentes. Han renunciado a todo, incluso a la propia vida, para conseguir algo mejor, no sólo para ellos sino también para sus hijos. Son valientes. Huyen de la miseria y de la persecución política, religiosa, racial… Son esos seres a los que, muchas veces, se degrada y se les califica de clase inferior, excepto aquellos privilegiados que alcanzaron el status que les iguala a los nacionales
España es un país de emigración y de inmigración. Cuando las patatas y el pan escasean, parodiando a Julio Camba, los españoles, especialmente los gallegos, se arman de valentía, asumen riesgos, renuncian a sus fiestas y tradiciones y buscan un lugar para atender a sus carencias. Es posible que algunos lo hagan obedeciendo a impulsos telúricos que siempre afloran en el ser humano, y eso también es loable; pero los movimientos migratorios obedecen principalmente a causas de necesidad.
Observo con preocupación el número de parados que ahora soportamos. Y digo soportamos, porque no se entiende muy bien que habiendo 2.900.00 parados, las agencias de viajes, los aeropuertos, las carreteras, los restaurantes, los hoteles cuelguen el cartel de “completo”. Y lo que produce más sorpresa es que sectores, como la construcción, la hostelería, el transporte…demanden mano de obra que no cubren. Y tampoco se observa que, entre esos 2.900.000 parados, haya interés en buscar trabajo en otros países o regiones.
Algo estamos haciendo mal, muy mal. Resulta que hemos invertido miles de millones de euros en preparar a nuestros jóvenes para dotarlos de títulos superiores en una sociedad, como la nuestra, que se desarrolla principalmente en el sector servicios. Y aunque no es criticable que tengamos un porcentaje muy elevado de titulados superiores ejerciendo de camareros, albañiles y camioneros, sin embargo, no parece plausible que un abogado, una licenciada en Filología o en Farmacia, o una química, acaben organizando los estantes de un hipermercado o poniendo ladrillos en una urbanización.
La dicotomía entre trabajar para vivir o vivir para trabajar se debate en el contexto de nuestra sociedad. El emigrante español, reconocida su valía y profesionalidad en todos los países de acogida, fue valiente al encauzar su vida atendiendo al trabajo que le hizo prosperar y elevar su categoría socio-económica. Pero ese reconocimiento, por parte del resto de la sociedad española, deja mucho que desear. Y creo que ya es tiempo de reflexionar y analizar si las actuales Administraciones son conscientes de que hay una deuda secular con los que, no sólo han contribuido a enriquecer este país, sino que, además, es el colectivo que menos servicios públicos demanda y consume, aunque los paga, y menos quebraderos de cabeza origina a las autoridades y no necesita sindicatos para reclamar sus derechos. Pero los tiempos están cambiando y la valentía ya solo se premia si se mueven los hilos de los votos. Y es aquí en donde posiblemente haya que “mover el árbol” (sin querer citar a Arzalluz) para que esos conductores de nuestras vidas y voluntades (Administración Central) se enteren de que unos cientos de miles de votos pueden cambiar el destino de los que ya se han acomodado a unos cargos para los que no se exige títulos superiores ni otra valentía que la de obedecer al líder.
Ricardo Martínez Barros es el fundador del Despacho Martínez Barros en Vigo, uno de los más prestigiosos y grandes de Galicia, formado por abogados gallegos. Director de los servicios jurídicos del R.C. Celta y Vicepresidente en su día. Persona ligada a la emigración con más de 1.500 artículos publicados en varios medios.
