La Consejería de la Presidencia colabora con la Fundación +34 para garantizar los derechos humanos de los castellanos y leoneses en el exterior privados de libertad

Con una ayuda de 20.000 euros para asesoramiento, ayuda a familiares e inserción en España de estas personas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León autorizó en su reunión del 13 de febrero la concesión de una subvención por importe de 20.000 euros a la Fundación +34, que tiene entre sus objetivos la ayuda a los castellanos y leoneses en situación de desamparo y abandono en el extranjero, así como la defensa de los derechos de los presos españoles en otros países, el asesoramiento y ayuda a sus familiares, y su reinserción en España.

El propósito de la ayuda es llevar a cabo actuaciones que alivien situaciones particularmente complejas en las que puedan encontrarse determinados grupos de castellanos y leoneses residentes en el extranjero y privados de libertad, tal y como contempla el III Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior.

Podrán ser beneficiarios de la subvención las personas que se encuentren en régimen de prisión preventiva o en cumplimiento de condena en establecimientos penales de otros estados, así como sus familias. Es condición necesaria que entre los delitos cometidos por estas personas no se encuentren acusaciones de terrorismo, colaboración con banda armada, pederastia, abuso de menores, blanqueo de capitales y delitos de sangre.

La Fundación +34, con sede en Valladolid, es una organización privada, de carácter social y benéfico, sin ánimo de lucro, que desarrolla sus actividades principalmente en Castilla y León. Esta Fundación ha atendido, desde su constitución en 2015, a más de 3.800 españoles y a 1.400 familias en todos los continentes. Durante el último año, prestó asistencia a 16 castellanos y leoneses privados de libertad en el extranjero. Entre sus objetivos se encuentra defender los derechos de los presos españoles en el extranjero, promover su reinserción a su vuelta a España, y asesorar a sus familiares.

Esta organización tiene suscrito desde 2016 un protocolo con la Administración de Castilla y León para la atención de los castellanos y leoneses que se encuentren en situación de especial necesidad fuera del territorio nacional.

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