En Argentina se ha constituido legalmente la asociación civil plataforma ciudadana Diáspora Española, Por Más Derechos; Memoria Democrática con el fin principal de velar, consolidar y conseguir que se garanticen los derechos de la diáspora española en el exterior bajo la perspectiva de la Ley de Memoria Democrática y no ser ciudadanía española de segunda clase.
Esta plataforma nace sin ánimo de lucro, lo cual no impide la realización de actividades recaudatorias para obtener fondos que tengan como destino la consecución del objeto de la institución. Una plataforma en la que se respetarán la diversidad de géneros, identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, literarias, sociales, políticas o étnicas, según afirma la propia entidad en una nota de prensa.
El objetivo de esta plataforma ciudadana será promover y difundir la cultura del país de origen de la colectividad entre sus asociados y el público en general, a través de actividades como la proyección de contenido cinéfilo y/o productos audiovisuales del país de origen para que la comunidad pueda tomar contacto con los mismos; ofrecer obras de teatro y actividades culturales de España a toda la comunidad; eealizar reuniones, charlas, seminarios, coloquios o conferencias a fin de intercambiar experiencias y conocimientos respecto de la interculturalidad y la perspectiva plurinacional española para sí o para terceros; y dar clases, exhibiciones o competencias de bailes típicos de la colectividad.
Otra cuestión importante es la difusión en medios de comunicación de distintos países y prensa española de los reclamos de la diáspora exterior, con enfoques progresistas y de respeto, destinadas a promocionar actividades de la colectividad a fin de convocar a la comunidad a participar de las mismas, potenciando los medios de comunicación propios como la Revista Tu Voz o el programa Cenizas de Babilonia en Radio del Pueblo.
Crear lazos de amistad con otras asociaciones civiles de migrantes también se contempla, con el objeto de fomentar la unidad y la cooperación, para reivindicar y difundir, entre sus asociados, los derechos de los migrantes a través de la realización de seminarios y talleres y facilitar la integración social del colectivo, asesorando y asistiendo a la diáspora española en los trámites administrativos a realizar para asentarse en el país de residencia o retorno a España.
Realizar campañas en contra de la discriminación y la xenofobia que sufren las colectividades migrantes y tener presencia activa en las representaciones de los Consejo de Residentes Españoles (actualmente consta de una representación importante de consejeros en Argentina). Todas las actividades a desarrollar, serán llevadas a cabo por personal calificado a tal efecto, y serán sin fines de lucro.
Esta asociación, plataforma ciudadana podrá adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para realizar cuanto acto jurídico sea necesario o conveniente para el cumplimiento de su objetivo y los fines de su creación, pudiendo establecer filiales en todo el territorio nacional argentino o en el extranjero, con lo que su implantación será internacional, teniendo actualmente representación en Ecuador, Colombia, República Dominicana, Venezuela, México, Perú, Estados Unidos, Brasil, Uruguay o Chile, así como en España y algunos países de Europa a través de asociaciones y colectivos que integran esta plataforma ciudadana.
El mantenimiento de esta asociación estará basado en las cuotas que abonen sus asociados, las donaciones, legados o subvenciones que reciba o el producto de beneficios, rifas, festivales y cualquier otra entrada, siempre que su causa sea lícita.
Habrá varias categorías de asociados sin distinción de sexo con socios activos mayores de 18 años de edad, que deben abonar las cuotas sociales con participarán, voz y voto en las asambleas y podrán ser elegidos para integrar los órganos sociales cuando cumplan con los requisitos establecidos para ello.
Otras características son los socios vitalicios, aquellos que cuando cuenten con una antigüedad ininterrumpida de 25 años en el carácter de socios activos de la institución, pasarán a formar parte de esta categoría quedando eximidos de la cuota mensual y gozarán de iguales derechos y deberes que los socios activos.
Los socios honorarios podrán ser determinados por méritos personales o servicios prestados a la asociación, como donaciones, o se hagan merecedores de tal distinción y sean designados por la asamblea general a propuesta de la comisión directiva o de un grupo de socios activos que representen como mínimo el 30% de la categoría.
El promover la incorporación de la juventud a esta asociación es prioritaria y está contemplado en sus estatutos, para que quienes tengan menos de 18 años de edad y acompañen la autorización de responsabilidad por parte de quienes ejerzan la responsabilidad parental o tutela. Las personas adherentes también están contempladas abonando una cuota social diferenciada sólo a los fines de practicar una actividad realizada por la asociación o participar de algunas de las actividades ofrecidas.
Nacionalidad y voto
La plataforma ciudadana se ha pronunciado en nota de prensa ante las noticias difundidas por medios de comunicación, efectuadas por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y por la dirección de VOX (añadidas a la Resolución de la Junta Electoral Central en España) cuestionando las nacionalidades y altas consulares, no así el voto por correo.
La plataforma ciudadana ha manifestado la defensa de la Ley de Memoria Democrática como uno de los logros más importantes de la democracia española, recordando que el derecho a la nacionalidad y ciudadanía española está consagrado en el artículo 11 de la Constitución Española de 1978. Dicho apartado fundamental establece que “la nacionalidad se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley (principalmente el Código Civil) y garantiza que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad”, con lo que el cuestionamiento de la cláusula octava sobre los criterios a seguir para las nacionalizaciones no tiene mucho sentido, según continúa la nota de prensa.
También se pronunció sobre el cuestionamiento del derecho a votar, donde la Junta Electoral Central (JEC) manifestó que está plenamente garantizado en la Constitución Española de 1978 en su artículo 23 y en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) , algo que comparten pero aprecian que el debate tendría que ser otro, cómo aplicar la LOREG para facilitar y potenciar el voto presencial aparte de por correo, o incorporar aplicaciones para voto telemático, como sucede en otros países de la Unión Europea.
En esa línea, el cuestionamiento en la asignación de municipios o empadronamiento desde el exterior donde la JEC exige un “pronunciamiento claro y determinante sobre la corrección jurídica” de cómo se asigna el municipio de inscripción a los nuevos nacionalizados, desde la plataforma creen que es algo recogido y desarrollado en el artículo 19 de la Constitución Española, donde establece que “los ciudadanos españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por todo el territorio nacional”. Y añaden que no existe ninguna limitación constitucional que restringe dónde un ciudadano español puede vivir, ya sea dentro del país o en el exterior, y menos aplicar el concepto arraigo que no existe como cláusula resolutoria en ninguna ley.
Antes de la implementación del voto rogado en 2011, la participación de los españoles residentes en el extranjero osciló habitualmente entre el 20% y el 30% del censo. En las últimas elecciones generales previas a la reforma, celebradas en marzo de 2008, se registró una participación histórica del 31,7% del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). En esa ocasión, de un censo aproximado de 1,2 millones de electores en el exterior, ejercieron su derecho un total de 382.568 personas. Y con el voto rogado se pasó a una participación (noviembre de 2011) exterior que se desplomó de golpe a menos del 5,5% .
La movilización popular de esta plataforma ciudadana Diáspora Española, Por Más Derechos; Memoria Democrática ya es una realidad y el trabajo reivindicativo junto a sus consejeros en los CREs será pieza angular para que no existan ciudadanía española de primera o de segunda.
Además, se comprometen a luchar ante la noticia de “El Tribunal Supremo fija una vista el próximo 7 de septiembre sobre la suspensión cautelar de las inscripciones en el censo a través de la Ley de Memoria Democrática”, solicitada por la organización Justitia Europa.
“Nuestra lucha es y será, por y para la ciudadanía española en el exterior, tanto descendientes como nativos en España, que por una u otra razón tuvieron que emigrar, no dejaremos que nos ubiquen en ciudadanía española de segunda clase”, concluyen.
Asociaciones y colectivo que integran la plataforma: Asociación Civil plataforma ciudadana Diáspora Española Por Más Derechos, Memoria Democrática; Refugio inmigrante; Mundo Hispano Por La Paz; Podemos Argentina; Podemos Ecuador-Perú; Podemos Venezuela; Podemos Colombia; Podemos República Dominicana Red de Círculos Podemos América; Foro por la Memoria Argentina; Centro Manchego de Rosario; Refugio Humano Internacional; Colectivo Progresista Español de Córdoba Argentina; y Colectivo Español en Tucumán.
El presidente de la Plataforma ciudadana Diáspora Española, Por Más Derechos; Memoria Democrática es Hugo Castro Fau, el coordinador general es Francisco López y la secretaria territorial es la consejera del CRE de Córdoba (Argentina), Adriana Fonseca.
Del Gabinete de Prensa se encargan Alex Flores, de Ecuador, e Isabel Segovia, de México;
la delegada de Memoria Democrática es Inés García Holgado, de Argentina; el delegado de Ciudadanía Española, Cristian Martínez, de Colombia; el delegado territorial en la circunscripción consular de Rosario es el consejero del CRE de Rosario (Argentina), Ramiro Puchades; y la delegada territorial en la circunscripción consular de Buenos Aires, Mónica Cortizas.






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