Iustitia Europa y Vox piden suspender el voto de los hijos de los nacionalizados afectados por las cautelares y el Gobierno alerta de riesgos para el escrutinio

El Supremo debe decidir si extiende las restricciones electorales a los descendientes de quienes tienen suspendidos cautelarmente sus efectos censales, mientras la Abogacía del Estado advierte del impacto que tendría la medida a pocas semanas del 29-N

voto exterior
Escrutinio del voto exterior en A Coruña en las elecciones generales de 2023.

El Tribunal Supremo deberá pronunciarse en los próximos días sobre una nueva derivada judicial relacionada con el voto exterior en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La cuestión afecta a los hijos de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como Ley de Memoria Democrática y cuyos efectos electorales están siendo objeto de revisión cautelar por parte del alto tribunal.

La controversia surge a raíz de la solicitud presentada por Iustitia Europa, que ha pedido a la Sala Tercera del Supremo que extienda a este colectivo el mismo régimen cautelar ya aplicado a determinados expedientes del denominado Anexo I. La formación sostiene que los hijos incluidos en el Anexo III accedieron a la nacionalidad por derivación de la obtenida previamente por sus progenitores y que, por tanto, debe comprobarse también la validez de esos títulos antes de que produzcan efectos electorales definitivos.

Según los datos incorporados al procedimiento, a 31 de julio de 2026 existían 189.678 inscripciones consulares correspondientes al Anexo III, aunque la propia formación reconoce que esa cifra no equivale necesariamente al número de electores incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Por ello reclama la identificación y trazabilidad de esos expedientes antes de que concluya el proceso electoral.

A esta petición se ha sumado Vox, que considera que los hijos de los nacionalizados cuyos progenitores se encuentran afectados por la suspensión cautelar deben quedar sometidos a las mismas restricciones. El partido argumenta que permitir su participación electoral mientras continúa la revisión de los expedientes de sus padres podría comprometer la eficacia de las medidas ya acordadas por el Supremo.

Además, Vox ha solicitado que los ministerios competentes faciliten una relación identificativa de los afectados y que, en caso de no acordarse la suspensión inmediata, la documentación electoral de este colectivo se custodie de forma separada hasta completar las verificaciones correspondientes.

Frente a estas pretensiones, la Abogacía del Estado se ha opuesto a ampliar las restricciones y ha advertido de las consecuencias que tendría una decisión de este tipo a pocas semanas de la cita con las urnas. En sus alegaciones remitidas al Supremo, los servicios jurídicos del Estado sostienen que el censo electoral ya está cerrado, que la documentación de voto exterior ha comenzado a distribuirse y que una exclusión masiva de electores provocaría una grave alteración organizativa del proceso.

El Gobierno alerta asimismo de que separar votos ya emitidos o en tránsito podría generar dificultades en el escrutinio definitivo, multiplicar las impugnaciones y afectar al normal desarrollo de las operaciones electorales tanto en los consulados como en las juntas electorales encargadas del recuento.

La Abogacía del Estado añade además que retirar cautelarmente el derecho de sufragio a ciudadanos que poseen la nacionalidad española en vigor supondría una afectación de un derecho fundamental reconocido en el artículo 23 de la Constitución sin que exista todavía una resolución firme sobre el fondo del asunto.

La decisión del Supremo llegará en la recta final hacia las elecciones generales y determinará si las medidas cautelares ya acordadas para determinados beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática se extienden también a sus descendientes, una cuestión con posibles repercusiones sobre el voto exterior y el escrutinio del 29-N.

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