El Gobierno ha avalado la instrucción dictada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública sobre cómo se debe gestionar la obtención de la nacionalidad española por parte de descendientes de exiliados prevista en la nueva Ley de Memoria Democrática, un texto que encendió las alarmas en el PP porque, a su juicio, revela que un “órgano administrativo” ha ido más allá de lo previsto por “el legislador” durante la tramitación de la norma.
En su escrito, al que ha tenido acceso España Exterior, el Gobierno asegura que la instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública es “acorde” a la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, así como “a la jurisprudencia de la Audiencia Nacional”.
“Por ello, la norma se está desarrollando conforme a sus principios rectores”, zanja el Ejecutivo en la respuesta remitida a varios diputados del PP que se interesaron por la instrucción, entre ellos María Jesús Moro, una de las ponentes de la Ley de Memoria Democrática.
Moro explicó que en el PP creían que no era la mejor redacción y hubieran preferido que este asunto se regulara en otras normas, puesto que va más allá de los temas de memoria, pero optaron no poner objeciones. Pero después se les encendieron las alarmas cuando vieron que la instrucción dictada en octubre por la Dirección General de Seguridad Jurídica hace, a su juicio, una interpretación “por encima de lo que dice la ley” y amplía a los beneficiarios.
