“Hay que hacer de una vez por todas una ley que regule la nacionalidad en toda su extensión y solucione todos los casos”

El responsable del PP Exterior y secretario xeral da Emigración de la Xunta, Antonio Rodríguez Miranda, califica de “auténtica chapuza jurídica” la forma en la que el Gobierno ha establecido el nuevo acceso a la nacionalidad y anuncia que el Partido Popular realizará un seguimiento exhaustivo de su aplicación / “No nos extrañaría que hubiera una alta conflictividad jurídica con el acceso a la ciudadanía”, afirma

Antonio Rodríguez Miranda.

El secretario xeral da Emigración de la Xunta de Galicia y responsable del PP en el Exterior, Antonio Rodríguez Miranda, tiene claro que es necesario “hacer de una vez por todas una ley que regule el acceso a la nacionalidad en toda su extensión y que solucione todos los casos” y redactarla “con el máximo consenso”.

Ante la apertura de nuevas vías de acceso a la ciudadanía a través de la Disposición adicional 8ª de la Ley de Memoria Democrática (LMD), Miranda es claro: “Nosotros esperamos que se atiendan los más casos posibles”. Pero al mismo tiempo expresa su inquietud por el proceso que el Gobierno central ha seguido para aplicar la citada Disposición adicional 8ª.

En este sentido, afirma que “no nos extrañaría para nada que hubiera una alta conflictividad jurídica en esta materia, porque es lo que puede generarse cuando las cosas no se hacen bien y habrá que estar a la expectativa”.

Desde su punto de vista, los problemas empiezan con la propia Ley de Memoria Democrática que “nace viciada en origen porque nace fruto del dictado de Bildu y eso no puede ser aceptable”. Por otra parte, que una ley de unas 60 páginas que no tiene nada que ver dedique unas pocas líneas en una disposición para hablar de la nacionalidad “nos parece una falta de respeto y de consideración hacia nuestros ciudadanos en el exterior”. Además, añade, “llamar ley de nietos a una ley que no es sobre el acceso a la nacionalidad solo porque recoge unas líneas referidas a ello es algo absolutamente aberrante y una tomadura de pelo y pretender engañar a la gente”.

Esas pocas líneas son la Disposición adicional 8ª, con cuyo contenido no está en contra en la medida en que se intentan corregir los agravios en el acceso a la nacionalidad causados en su día por la Ley de Memoria Histórica. Pero, matiza que “dicha Disposición también es incompleta” tal y como está redactada.

A su juicio es incompleta porque “no podemos mezclar cuestiones ideológicas con temas de nacionalidad. Los españoles en el exterior se merecen una ley en esta materia que corrija todos aquellos problemas que la legislación mantenía. Y eso no se ha hecho así. Por lo tanto, no podemos compartir la forma de esta norma”.

Además, indica, esa Disposición deja fuera a las personas que emigraron por motivos económicos, las personas que renunciaron a la nacionalidad para poder trabajar en el país de acogida e incluso a los españoles que perdieron la nacionalidad por no haberla ratificado entre los 18 y los 21 años.

Dudas e inquietud

Una vez aprobada la LMD, el Ministerio de Justicia preparó una instrucción concretando la aplicación de la DA8ª. Esa primera instrucción, coherente con el texto de la Disposición, establecía que solo accederían a la nacionalidad los hijos y nietos de exiliados, los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad por casarse con un extranjero antes de la entrada en vigor de la Constitución Española, y los hijos mayores de edad de quienes accedieron a la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática.

Esa instrucción, que el 20 de octubre ya estaba firmada por la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, Sofía Puente Santiago, no llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado. En su lugar, el día 25 de octubre, se publicó otra “completamente diferente en su contenido a la Disposición adicional 8ª y de repente, parece, que todos los casos de ciudadanía se van a poder resolver y todo el mundo va a poder acceder a la nacionalidad”, destaca Miranda.

“Lo primero que nos genera todo este proceso es incertidumbre, inquietud, dudas más que razonables”, señala el responsable del PP en el Exterior. Miranda explica que “cuando tú en una instrucción cambias completamente el sentido de una ley, la verdad es que eso te genera mucha inquietud”.

“Nosotros esperamos que se atiendan lo más casos posibles. Que efectivamente se solucione la nacionalidad a todo el mundo, pero nos genera muchas dudas la forma de interpretar y de aplicar esta cuestión en los diferentes ámbitos en los que se vayan a dar resoluciones”, destaca Miranda. Y advierte que “no nos extrañaría para nada que hubiera una alta conflictividad jurídica en esta materia, porque es lo que puede generarse cuando las cosas no se hacen bien, y habrá que estar a la expectativa”.

En definitiva, a juicio del responsable en materia de emigración del Partido Popular, todo el proceso ha sido “una auténtica chapuza jurídica”. “No se entiende por qué había que meter esto por la puerta de atrás de una ley que no tiene nada que ver con estos temas, hacerlo de manera parcial y el error cometido en la ley corregirlo a través de una instrucción interpretativa”, afirma.

Solución

Para Rodríguez Miranda, el problema del acceso a la nacionalidad de los descendientes tiene una fácil solución: “Lo que hay que hacer de una vez por todas es aprobar una ley que regule la nacionalidad en toda su extensión y que solucione todos los casos que haya que solucionar de manera clara y, por supuesto, con el máximo consenso posible”.

Recuerda que el camino del consenso se abrió con la derogación del voto rogado. “Si acabamos de abrir un camino de consenso relativo a los españoles en el exterior con la derogación del voto rogado, ¿por qué no hemos seguido la misma senda que ya habíamos recorrido?”, se pregunta.

Miranda también se refiere a la proposición de ley de acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles impulsada en 2018 por la senadora de Unidas Podemos, Sara Vilà y que se admitió a trámite en la Cámara Alta el 18 de junio de aquel año con el respaldo de 254 senadores de los 255 presentes en la sesión. En aquel momento, recuerda, el PP tenía mayoría absoluta el Senado. “Ya había un antecedente de consenso, y un antecedente de regulación en una norma específica”, y esa proposición de ley, añade, “corregía todas las situaciones de nacionalidad que estaban pendientes, era muy generosa y, además, estaba muy bien formulada”.

Visto lo visto, el dirigente del PP anunció que su partido va a hacer, a través de las Cortes, “un seguimiento exhaustivo” sobre el desarrollo de la LMD en lo referido a la nacionalidad.

“Todos conocemos el colapso de muchos consulados”

En este sentido se refirió específicamente a la atención que se ofrecerá en los consulados. “Hemos visto anuncios grandilocuentes por parte del señor ministro de Exteriores y otros altos cargos del Gobierno de España, pero todos somos conocedores de las grandes dificultades que ya existían en los servicios consulares de todo el mundo que en muchos casos estaban absolutamente colapsados”.

“Los recursos no aparecen de manera milagrosa –recalca Miranda– y cuando dicen que en cuestión de días todo puede estar funcionando todo el mundo sabe que hasta ahora obtener una nacionalidad era cuestión de años. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer un seguimiento muy exhaustivo con las correspondientes iniciativas parlamentarias para ver cómo consiguen cambiar de hoy para mañana lo que hasta ahora llevaba años”. “Más allá de casos anecdóticos o puntuales, de situaciones que ya podían estar en trámite y que efectivamente se hayan podido resolver en días, esto no será así para alguien que empiece un procedimiento de acceso a la nacionalidad”, insiste.

“No se conoce ningún avance sobre el desarrollo de la reforma de la Loreg”

Este control parlamentario que realizará el PP no se reduce a la aplicación de la DA8ª, sino que también se extenderá al desarrollo de la reforma de la Ley electoral en lo referido al voto exterior. Sobre este asunto, Miranda señaló que “en este momento no se conoce ningún avance del desarrollo de la reforma de la Ley electoral. Será el Gobierno el que tendrá que dar explicaciones y decir lo que ha hecho hasta ahora para avanzar en ese tema. Hasta este momento desconocemos que haya habido ningún tipo de avance”.

A seis meses de las elecciones autonómicas, Rodríguez Miranda afirma que “es algo que nos preocupa y que también va a tener la correspondiente iniciativa parlamentaria”.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.