
The Economist Intelligence Unit, del grupo The Economist, elabora anualmente la lista de las mejores democracias, con las respuestas que varios expertos, elegidos con criterios un tanto subjetivos, dan a las 60 preguntas que se le proponen sobre una muestra de 167 países (de los 195 existentes, si incluimos a la Santa Sede y a Palestina). En la lista del año 2022, España ocupa el puesto 22, Noruega el número 1 y el último es para Afganistán.
Este escenario se nos antoja trufado y atávico, pues no puede haber 167 clases de democracias o, mejor dicho, 195 (si incluimos a la Santa Sede y a Palestina). Puede haber 195 formas de gobernar, pero democracia solo hay una: aquella en la que el pueblo soberano tiene derecho a elegir y controlar a sus representantes. De la misma forma que solo hay una verdad o una mentira, un día y una noche, un “si es sí” o un “no es no”
Hago esta polémica reflexión al comprobar que nuestra democracia, que camina en el pelotón con el número 22, difícilmente mantendría ese puesto si nos atenemos a los atrancos a los que se ven sometidos más de dos millones de españoles en el extranjero y a los que no se les facilita la posibilidad de elegir y controlar a sus representantes políticos.
¿Hasta cuándo vamos a dejar aparcado la elaboración de un LIBRO BLANCO DE LA EMIGRACION ESPAÑOLA, en la que participen de forma visible los verdaderos destinatarios de las propuestas y medidas que permitan otro enfoque, otro tratamiento, otro reconocimiento a unos ciudadanos que, por distintos motivos, tienen el status de emigrante?
No, señor, no. Los problemas de la emigración, que son variados, distintos, complejos, atendiendo a territorios, a edades, profesiones…, no se curan con una Ley de Memoria Democrática (Ley 20/2022, de 19 de octubre) o unos “parcheos” en la legislación electoral, o una dedicación, a veces exhausta, de unos funcionarios consulares o unos diplomáticos que se esfuerzan en limpiar nuestra imagen en el exterior. La labor de un político, de un gobernante no es dedicarse a captar votos, o a insuflar una ideología sectaria, sea del signo que sea. La labor de los que nos gobiernan es “hacer posible lo que es necesario”.
Así no, querido legislador-político. Las leyes se elaboran para regular comportamientos, atender necesidades, pero partiendo primeramente del análisis del problema a regular. Y los problemas objeto de regulación legislativa nadie los conoce mejor que el que los sufre o los defiende. ¿Cómo se atreven a impartir clases de técnica legislativa en materia de emigración, sea cual sea el campo que se pretenda regular, individuos-as que no solo desconocen la materia, sino que, en un acto de osadía y ruindad, desprecian la ayuda y colaboración de los expertos y de los ciudadanos que conviven con el problema?
¿Hasta cuándo tenemos que sufrir esta plaga de inconscientes que, en un alarde de atrevimiento, nos obligan a tener un pensamiento único sometiendo a los medios para que berreen al unísono, bajo la amenaza de no repartirles el pienso presupuestario?
¿Hasta cuándo nos mantendremos en el puesto 22?




